Tegucigalpa, Honduras.- Más de 12 funcionarios del Poder Judicial (PJ) fueron denunciados ante la Supervisión General de este poder del Estado por haber cometido actos reñidos con la ley.
Entre las anomalías destacan: otorgamiento de medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, que son contrarias a la reforma procesal que existe con relación al otorgamiento de medidas cautelares; además, el otorgamiento de garantías hipotecarias, en las que se verificó que estas no fueron inscritas a favor del Estado de Honduras.
Estos trabajadores denunciados ante la Supervisión General propiciaban la programación tardía de audiencias preliminares, que derivaban en el vencimiento de la prisión preventiva de los imputados, para lograr que una vez agotada la ampliación de seis meses, pudiera ponerse en libertad a los encausados.
La abogada Sandra Rodríguez, supervisora general del PJ, reveló que “estas denuncias comprenden los cinco despachos y también personal auxiliar que ha sido remitido para el proceso disciplinario correspondiente”, al referirse al Circuito en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
La funcionaria detalló que entre los denunciados hay tres jueces, de quienes sus causas ya fueron remitidas y otras que continúan en investigación por diferentes situaciones.
La intervención en esta judicatura inició el 18 de agosto de 2024, a raíz de lo ocurrido con el juez Marco Vallecillo, excoordinador de esos tribunales. Al consultarle a Rodríguez si había algo que involucrara a Vallecillo, respondió: “Recordemos que nosotros investigamos faltas administrativas en la tramitación de las causas.
En relación a lo que usted consulta, competerá al Ministerio Público determinar en la causa penal que se encuentra incoada en contra del exjuez”. De un universo de 1,068 expedientes, se revisaron 701 y de ellos, 598 corresponden a requerimientos fiscales y 103 a diligencias previas.
