Proceso
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Tegucigalpa, Honduras.- Por presuntamente paralizar el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), obstaculizar el cronograma de las elecciones generales de 2025, bloquear la declaratoria de resultados y deslegitimar el proceso con denuncias de fraude que el escrito califica de infundadas, el Congreso Nacional aprobó someter a juicio político a Marlon Ochoa, suspendido de su cargo como consejero electoral.
La denuncia presentada ante el Congreso reúne nueve hechos documentados que, según el expediente, van desde la crisis por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en julio de 2025, hasta la obstrucción de la declaratoria de resultados en diciembre de ese mismo año.
La secuencia arranca con una contradicción en la que incurrió Ochoa y que el propio escrito coloca en el centro del caso. La denuncia establece que el 9 de mayo de 2025 Ochoa votó a favor del cronograma electoral; que el 29 de mayo respaldó los lineamientos del TREP, y que el 2 de julio avaló la comisión que recibiría ofertas para ese sistema.
Sin embargo, 59 días después de haber aprobado el cronograma, el 7 de julio, militantes del partido Libertad y Refundación (Libre), incitados por Ochoa, impidieron el ingreso de oferentes al recinto del CNE para presentar sus propuestas del TREP, siempre según la denuncia.
El documento sitúa ese episodio como el punto de partida del empantanamiento institucional. Ese mismo día, añade el escrito, la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales solicitó a los tres consejeros propietarios autorizar una prórroga urgente. La denuncia consigna que Ana Paola Hall y Cossette López, las otras dos consejeras, respondieron, mientras que Ochoa no emitió respuesta.
A partir de entonces, la crisis dejó de ser, de acuerdo con el documento, un incidente aislado y pasó a convertirse en una parálisis del órgano electoral. El expediente sostiene que Ochoa no asistió a sesiones convocadas para el 10 y el 14 de julio de 2025 y que esa incomparecencia, sumada a la ausencia de suplentes, impidió reunir el quórum necesario para continuar con el cronograma.
Esa obstrucción terminó alterando el calendario que el propio CNE había aprobado semanas antes y obligó al Congreso a intervenir mediante el Decreto 49-2025 para ampliar plazos que ya no podían cumplirse dentro del cronograma original.
Entorpecer el cierre y agresiones
La denuncia sostiene que el patrón de obstrucción no terminó con la crisis de julio. Tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, el escrito centra su señalamiento en la fase de cierre del proceso electoral y atribuye a Ochoa nuevas acciones que habrían dificultado la verificación de resultados y el escrutinio especial.
En esa etapa, el documento le atribuye haber bloqueado la corrección de errores de transcripción y retirarse antes de la votación sobre la declaratoria presidencial realizada entre el 23 y el 24 de diciembre. El escrito también afirma que el 30 de diciembre Ochoa se negó a participar en la sesión convocada para la declaratoria de resultados del Congreso Nacional y de las corporaciones municipales.
Además, el expediente incorpora señalamientos sobre ataques verbales e intimidatorios contra las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López. Según el mismo documento, esos hechos formaron parte de la confrontación interna que acompañó la crisis en el pleno del Consejo Electoral.
Esa confrontación también dejó registros públicos fuera de las sesiones del CNE. Durante noviembre de 2025 quedaron documentadas acciones legales promovidas desde el entorno de López por señalamientos de agresiones verbales, malos tratos y otros episodios atribuidos a Ochoa en medio de la crisis interna del organismo electoral.
Con esa secuencia, la denuncia sostiene que el caso contra Ochoa no se basa en un hecho aislado. La acusación de fondo es que existió una cadena de actos y omisiones que primero frenó el trabajo del CNE, después alteró el calendario electoral y, finalmente, entorpeció la declaratoria de resultados.
Ochoa dice que no comparecerá
Luego de que el Congreso Nacional aprobara el juicio político con 91 votos, la noche del 9 de abril, Ochoa afirmó en un video difundido en sus redes sociales que no acudirá a la citación, al considerar que hacerlo implicaría validar un proceso con una condena decidida de antemano.
“Yo cumplí con mi deber: denuncié el fraude; denuncié la violación del código fuente del sistema TREP. Por eso me persiguen. No porque haya cometido un delito; no porque haya traicionado a Honduras, me persiguen porque no me callé”, justificó.
Además, Ochoa afirmó que el juicio político no surge de una evaluación imparcial de su actuación como consejero, sino de una represalia por haber denunciado presuntas irregularidades atribuidas a representantes del Partido Nacional y del Partido Liberal en el proceso electoral.
“Lo que quieren imponer no es justicia, es una operación política para instalar el sistema de corrupción y narcoestado; una ofensiva de la democracia hondureña. Ya avanzaron sobre el Ministerio Público y la Corte Suprema (de Justicia) y ahora vienen contra el poder electoral. Quieren destituirme y abrir el camino para perseguirme penalmente; quieren castigarme por haber denunciado”, acusó.
Para tramitar el juicio político contra Ochoa, el Congreso nombró una Comisión Especial de Juicio Político integrada por nueve diputados, presidida por Tania Pinto y conformada por congresistas del Partido Nacional y del Partido Liberal.
Esa comisión citó a Ochoa para el lunes 13 de abril. De acuerdo con la Ley Especial de Juicio Político, le corresponde investigar los hechos, recibir la comparecencia del denunciado y luego rendir un informe al pleno del Congreso, que deberá discutir y votar si procede o no la destitución.
Si mantiene su negativa, Ochoa abrirá un nuevo pulso con el Congreso en los próximos días. Si decide comparecer ante la Comisión Especial, se convertirá en el segundo alto funcionario en enfrentar esa fase del proceso, después del exfiscal general Johel Zelaya, quien compareció el 24 de marzo y fue destituido un día después.
Eso sí, el juicio político abierto contra Ochoa puede continuar aunque el funcionario no atienda la citación de la comisión especial del Congreso. El proceso también abarca a Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y los suplentes de este órgano electoral, Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta. Una quinta funcionaria electoral, Karen Rodríguez, evadió la causa al renunciar a último momento a su cargo como consejera suplente del CNE.
La negativa de Ochoa a integrar el pleno en la etapa final del proceso también había quedado registrada en noticias de diciembre de 2025. Esos reportes ya daban cuenta de que el consejero rechazaba firmar la declaratoria por considerar fraudulentos los resultados, una postura que hoy aparece incorporada en la denuncia como parte del patrón de obstrucción del cierre electoral.
