¿Qué sabemos de Grupo ASD, encargado de transmitir los resultados electorales?
Contratada por más de 112 millones de lempiras y anunciada como fuerte en transmisión de resultados, Grupo ASD falló desde el inicio en Honduras
- 08 de diciembre de 2025 a las 17:43
Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) contrató a la empresa colombiana Grupo Asesoría en Sistematización de Datos (Grupo ASD S.A.S.) para implementar y operar el TREP, el escrutinio de actas y la divulgación de resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
En este artículo, EL HERALDO Plus expone quién es Grupo ASD S.A.S., qué del contrato del sistema para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares sirve para medir su desempeño y cómo Armando Flórez Pinzón, junto con su empresa colombiana, tomó control en 2024 de una sociedad hondureña de nombre y objeto social casi iguales, que podría funcionar como filial local.
Creación
De acuerdo con la información del Registro Único Empresarial y Social (RUES) de Colombia, Grupo ASD S.A.S. fue constituida el 15 de diciembre de 1982 en Bogotá. Su gerente general y representante legal, desde el 30 de julio de 2020, es Armando Flórez Pinzón. La sociedad registra seis suplentes del representante legal.
En el RUES no fue posible identificar quiénes son los dueños y socios. Para acceder a ese tipo de información en Colombia, se debe contar con un certificado oficial de Cámara de Comercio o solicitar la composición accionaria directamente a la empresa.
Sí se conoció que los suplentes del gerente general son: Juana Alejandra Flórez del Mora, Andrea Paola Flórez del Mora, Sandra Patricia Flórez del Mora, Sonia Ayde Ramos Salazar, Sandra Milena Cardozo Angulo y Ana Carolina Ramírez Zambrano. Por los apellidos, se presume que las tres primeras podrían ser familiares de Flórez Pinzón.
En Colombia, la razón por la que el gerente general de una empresa puede tener seis suplentes es sencilla: si el titular está ausente de forma temporal o absoluta, la compañía no queda paralizada para firmar, ejecutar o decidir en asuntos clave.
Durante el cotejo de información tampoco fue posible encontrar, en la consulta pública, el objeto social fijado en la escritura de la empresa.
Para completar ese dato, se tomó como referencia su propia presentación en el sitio web, donde Grupo ASD se vende como una “navaja suiza” electoral capaz de cubrir casi todo el ciclo de una elección y, además, ofrecer servicios complementarios.
De acuerdo con la información disponible en su portal, esa promesa de cobertura integral incluye el desarrollo de software, la administración de bases de datos y el uso de herramientas como la inteligencia artificial.
La misma vitrina corporativa agrega que la empresa también ofrece logística de transporte, almacenamiento de materiales, manejo documental, actividades inmobiliarias y servicios de catering para instituciones públicas y privadas.
En terreno hondureño, Flórez Pinzón no solo representa legalmente a Grupo ASD S.A.S., sino que también figura como propietario de una sociedad con un nombre casi igual y un giro de negocios similar.
Tras analizar registros mercantiles se encontró Grupo ASD Honduras, S. de R.L. de C.V., constituida el 17 de octubre de 2024 en Comayagüela, Distrito Central, con un objetivo social enfocado en consultoría tecnológica, manejo de datos y desarrollo de software, cercano a los servicios que la firma colombiana exhibe en su portal.
La empresa fue creada por el colombiano Héctor Andrés Acosta Fontalvo y, ocho días después, la vendió en partes: una participación menor pasó a nombre de Armando Flórez Pinzón y la mayoría quedó a nombre de Grupo ASD S.A.S. de Colombia. El 30 de octubre, Flórez Pinzón asumió como gerente general y representante legal.
Visto en conjunto, la ruta corporativa muestra que el grupo no llegó a Honduras solo con un contrato electoral de 2025, sino con una estructura local armada desde 2024 bajo un nombre casi idéntico y un perfil tecnológico compatible con el servicio del TREP.
EL HERALDO Plus se trató de comunicar con Grupo ASD para conocer su posición sobre lo expuesto y, hasta la publicación de este artículo, no hubo respuesta.
Estrategia de protección
Jonathan Rosales, abogado especializado en derecho mercantil, sostiene que la creación y posterior compra de una empresa local es una forma de ordenar responsabilidades y proteger el patrimonio del grupo principal.
“Los grandes empresarios no ponen todos los huevos en la misma canasta: dividen empresas por temas de responsabilidad y por temas fiscales”, explicó.
En términos simples, Rosales dice que, si una empresa fuerte necesita operar un proyecto en Honduras, puede preferir hacerlo a través de una sociedad local para que cualquier problema legal o económico quede contenido ahí y no salpique directamente a la empresa más grande.
Cabe destacar que la empresa hondureña que compró Pinzón y absorbió su empresa colombiana no participó en la adquisición del TREP, ya que tampoco figura como entidad subcontratada.
Pago por cumplimiento
Con la carta de presentación de la empresa colombiana Grupo ASD S.A.S. y tras superar una prueba técnica calificada como “sobresaliente”, el 29 de agosto el pleno de consejeros la escogió por unanimidad, otorgándole un contrato por un poco más de 112 millones de lempiras.
De acuerdo con el contrato de prestación de servicios CNE-PEG-UCCE-001-2025, la empresa se comprometió a cumplir plazos y requisitos técnicos, someterse a supervisión del CNE y asegurar funcionamiento continuo del TREP, el escrutinio y la divulgación, con acceso ininterrumpido a licencias.
En este escenario electoral, donde la divulgación aún no se completa por los problemas del TREP, el contrato cobra un peso clave: el CNE no paga todo de una vez, sino por etapas según resultados del servicio.
El primer pago del 30% —más de 33 millones de lempiras— estaba condicionado a un simulacro exitoso. Ese ejercicio se realizó el 9 de noviembre y presentó inconsistencias en la transmisión, según denunció el consejero representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa.
El segundo desembolso, del 50% —más de 56 millones—, debía activarse al completar la transmisión y divulgación de los resultados preliminares. Pero con una publicación ralentizada y cuestionada, la ruta lógica es que ese hito siga bajo evaluación.
El último 20% —más de 22 millones— quedaría para el cierre del proceso, una etapa que también depende de que el servicio se complete conforme a lo pactado.
Retrasos y pausas
Con ese marco contractual y con un simulacro cuestionado días antes de la elección, el TREP enfrentó su prueba real la noche del 30 de noviembre. Grupo ASD S.A.S. debía entregar el primer corte preliminar a las 9:00 de la noche, tras el cierre de urnas a las 6:00 de la tarde.
Ese primer corte no llegó a la hora anunciada. La divulgación se retrasó hasta casi las 11:00 de la noche, un desfase que abrió la primera grieta de desconfianza sobre el sistema en el tramo más sensible del conteo, dejando apenas el 57.3% de las actas divulgadas.
Entre el 1 y el 4 de diciembre, la publicación de actas avanzó con lentitud y con pausas prolongadas. El problema dejó de parecer un tropiezo aislado y comenzó a verse como un patrón de funcionamiento irregular en una semana clave para la legitimidad del proceso.
El 3 de diciembre se produjo uno de los episodios más sensibles: la empresa, sin ofrecer una justificación contundente, ejecutó un “mantenimiento” sin notificar al pleno de consejeros, lo que dejó sin acceso a los resultados durante varias horas y estancó la divulgación en 79.60%.
A ese rosario de fallas se sumó un nuevo golpe: desde la tarde del 5 hasta bien entrado el 6 de diciembre, la actualización de resultados quedó prácticamente congelada en 88%.
En ese escenario, las inconsistencias atribuibles al sistema operado por Grupo ASD no sólo erosionan la credibilidad del órgano electoral, sino que alimentan la desconfianza entre las dos fuerzas que se disputan la presidencia.
En consecuencia, militantes y dirigentes del Partido Liberal, que impulsa a Salvador Nasralla, y del Partido Nacional, que respalda a Nasry “Tito” Asfura, se acusan mutuamente de intentar influir en el flujo y la lectura de los resultados.
Ese patrón de tensiones no es exclusivo del caso hondureño. En Colombia, Grupo ASD también fue cuestionada por su participación en un consorcio junto a Thomas Greg & Sons y la Compañía Colombiana de Seguridad Transbank.
Estas empresas se unieron para la ejecución operativa integral de las elecciones del 17 y 24 de noviembre de 2024. En esos comicios se eligieron Juntas Administradoras Locales (JAL) en 42 municipios y se votó sobre la conformación de dos Áreas Metropolitanas.
La adjudicación de ese contrato —por algo más de 41 mil millones de pesos (aproximadamente 287 millones de lempiras)— fue polémica porque el consorcio fue el único oferente.
Se pidió suspender la adjudicación al alertar que las condiciones de la licitación pudieron restringir la competencia y favorecer que ese consorcio quedara como único participante.
Tras exponer ese antecedente, el foco vuelve a Honduras y al impacto directo en la lectura de los resultados.
Hasta el último corte difundido con el 97.45% de las actas escrutadas, Asfura encabeza la contienda con 1,271,658 votos (40.52%), seguido muy de cerca por Nasralla con 1,230,969 (39.22%). Rixi Moncada, del oficialista Libertad y Refundación (Libre), se encuentra en el tercer lugar con 605,361 votos (19.29%).
Con lo documentado hasta aquí, el foco de esta crisis no descansa en una prueba de fraude planificado por el Partido Nacional o el Partido Liberal para asegurar el poder en el período 2026-2030, una narrativa que el partido de gobierno intenta imponer.
El patrón que sí queda respaldado por los hechos es otro: una empresa colombiana que desde 2024 ya había pasado a controlar en Honduras una sociedad de nombre y giro casi iguales, se presentó como un operador tecnológico de alto nivel, ganó un contrato por algo más de 112 millones de lempiras y terminó incumpliendo las metas establecidas.
