El jefe del Departamento de Evidencias del Ministerio Público (MP), Omar Zúñiga, renunció del cargo como parte de una extraña oleada de altos funcionarios de la institución que han dimitido y que, en realidad, sería parte de una barrida disimulada aplicada por la Comisión Interventora de ese organismo.
Zúñiga, quien tiene siete años de laborar en el MP, presentó el viernes pasado a la interventora una carta en la que le notifica su “retiro voluntario”.
“Es un retiro voluntario porque pienso que hay que apoyar el proceso de cambio de la Comisión Interventora”, dijo Zúñiga en comunicación telefónica con EL HERALDO.
Se le preguntó al funcionario si la Comisión Interventora le había pedido que se retirara e insistió que no, que su decisión obedece a que las nuevas autoridades deben contar con personal que sea de su confianza.
Aclaró que con el retiro voluntario tiene derecho a recibir hasta un 50 por ciento de sus derechos laborales, pero que la interventora tiene la potestad de darle la totalidad de los recursos.
Omar Zúñiga anteriormente fungió como jefe de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), pero al pasar esta unidad al Poder Ejecutivo se le nombró como jefe de Evidencias.
“Dejo un Departamento de Evidencias profesional y me he ofrecido a la Comisión Interventora para asesorarla ad honórem”, dijo Zúñiga.
Hallazgos
EL HERALDO conoció que la Comisión Interventora descubrió que en el Departamento de Evidencias se habían extraviado algunas pruebas de convicción, como por ejemplo armas de fuego utilizadas en homicidios.
Una fuente reveló que una pistola que había sido decomisada por haber sido utilizada en la muerte de un hombre desapareció y con el tiempo fue decomisada y nuevamente enviada a Evidencias porque se le habría usado en un femicidio.
Esa misma arma después fue entregada a un coronel de forma ilegal.
Igualmente hay denuncias de que en un predio de Lepaterique, en Francisco Morazán, hay varios carros decomisados a los que se les han extraído piezas.
El Congreso Nacional nombró una Comisión Interventora del Ministerio Público para que reestructurara esa entidad. El 18 de abril comenzó el periodo de intervención que durará dos meses y mientras tanto permanece suspendido el fiscal general Luis Rubí.
Los miembros de la Comisión Interventora son María Antonia Navarro, Miriam Guzmán, Lino Tomás Mendoza, como miembros propietarios, y como suplente Ángela Madrid.
Barren personal de Rubí
Una fuente del Ministerio Público confió que 12 altos funcionarios contratados bajo modalidad de acuerdo y que era personal de confianza del fiscal general Luis Rubí también ha presentado su renuncia y retiro voluntario.
Entre estos se encuentran los asesores Nick Atala y Marcelino Banegas y otros que laboraban en la parte administrativa.
La Comisión Interventora ordenó que se le dieran vacaciones al jefe de Recursos Humanos, Francisco Morales, y al jefe de Administración, Mario Andino, quienes ya habrían presentado su renuncia o retiro voluntario.
Una de las primeras en dar un paso al costado fue la exdirectora de Fiscalías, Danelia Ferrera, quien aseguró que se retiraba por asuntos personales.
En su lugar fue nombrado Roberto Alejandro Ramírez Aldana, mientras que también fue separado del puesto el subdirector de Fiscalías, Juan Rafael Soto, que a su vez fue reemplazado por Loany Alvarado.
En el caso de la directora de Medicina Forense, Lucy Marrder, quien se encuentra con incapacidad, habría presentado su renuncia o lo haría en los próximos días.
EL HERALDO supo que igualmente presentó su nota de retiro voluntario un técnico graduado en Dinamarca que manejaba un sistema de investigación de armas.
Resulta extraño, entonces, que funcionarios en los que el Ministerio Público gastó millones de lempiras en su formación, tenían casi una década de trabajar en la institución y gozaban de estabilidad laboral, presentaran intempestivamente sus renuncias o retiros voluntarios.
EL HERALDO conoció por medio de una fuente del Ministerio Público que la Comisión Interventora cita a funcionarios de la entidad a los que quiere separar para plantearles que hay investigaciones que los comprometen y que si no renuncian se la dará continuación a la indagación de sus casos.
Anteriormente la Comisión Interventora no renovó 90 contratos de empleados que en su mayoría trabajaban en áreas administrativas.
En el Ministerio Publico hay unos 2,400 empleados, de los que apenas 600 son fiscales.
Ampliación
La Comisión Interventora piensa pedir al Congreso Nacional que amplíe su mandato hasta febrero de 2014 que es cuando termina el periodo de cinco años el fiscal general Luis Rubí, por lo que, de aprobarse la solicitud, este ya no volvería al puesto.
El fiscal general acusó la semana pasada que existe “manipulación para asaltar al Ministerio Público” de parte de la Comisión Interventora.
EL HERALDO solicitó al comisionado interventor Lino Tomás Mendoza que concediera una entrevista para profundizar sobre estas renuncias, pero no respondió el mensaje de texto que se le dejó en su teléfono celular.
La Comisión Interventora detectó que existen 19 automóviles que estaban a disposición del fiscal general y que este los había entregado a personal de su confianza, dijo una fuente a EL HERALDO.
Uno de estos carros era uno blindado que se le había dado a la secretaria de Rubí, noticia que generó indignación entre los fiscales, ya que nadie tiene este tipo de automotores pese a que arriesgan sus vidas en juicios delicados.
La comisión procedió a recuperarlos y decidirá qué unidades del Ministerio Publico tiene mayor necesidad de estos automóviles.
