Tegucigalpa, Honduras.- El ordenamiento jurídico del país se encamina a una de las reformas de alto impacto en materia de derechos civiles de las últimos años.
En el Congreso Nacional ha comenzado a socializarse una iniciativa de ley que busca armonizar la edad de ciudadanía con la mayoría de edad civil, permitiendo que los hondureños adquieran plenitud de derechos y obligaciones al cumplir los 18 años.
Actualmente, el país mantiene una contradicción legal donde un joven puede elegir al presidente de la República, pero no tiene la capacidad legal para administrar sus propios bienes o salir del territorio nacional sin autorización de sus padres.
La propuesta, impulsada por la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Linda Donaire, pretende reformar el artículo 16 del Código de Familia y el artículo 265 del Código Civil, normativas que datan de 1906 y que establecen los 21 años como el umbral de la madurez legal.
Esta disparidad sitúa a Honduras en un grupo minoritario de naciones que aún no han actualizado su legislación para que coincida con los estándares internacionales y con la propia Constitución de la República, la cual otorga la ciudadanía a los 18 años cumplidos.
"La mayoría de edad se obtiene al cumplirse los 18 años, edad en que la persona goza de plena aptitud para el ejercicio de todos sus derechos", propuso Donaire, durante la presentación del proyecto.
El argumento central de la reforma reside en la incoherencia de otorgar derechos políticos, como el sufragio y la opción a cargos públicos, mientras se restringe la capacidad de obrar en la vida privada.
Bajo el esquema actual, un ciudadano de 18 años es considerado lo suficientemente maduro para participar en la toma de decisiones del Estado, pero es tratado como un menor ante el sistema financiero y legal cuando intenta firmar contratos, contraer matrimonio o disponer de herencias y propiedades adquiridas mediante su propio trabajo.
Esta limitación afecta especialmente a la población joven que se inserta tempranamente en el mercado laboral. Muchos hondureños comienzan a generar ingresos y a adquirir activos antes de los 21 años, enfrentando obstáculos burocráticos al no poder titular bienes a su nombre.
La reforma busca eliminar estas barreras, alineando al país con legislaciones de naciones como España, Argentina y Chile, que hace años fijaron los 18 años como la frontera definitiva entre la niñez y la adultez plena.
"Inclusive antes de cumplir los 18 años el joven está trabajando y se hace de sus cosas y lamentablemente no los puede poner a su nombre hasta que tienen los 21 años", explicó la parlamentaria de Libre,
En el plano internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que se es niño hasta los 18 años, instando a los Estados a que la mayoría de edad coincida con este límite biológico y social.
La propuesta legislativa subraya que mantener los 21 años como mayoría de edad civil es un anacronismo que no responde a la realidad del desarrollo cognitivo y social del siglo XXI, donde el acceso a la información y la participación ciudadana temprana han adelantado los procesos de autonomía personal.
La iniciativa, que consta de ocho artículos, no solo modifica la edad de capacidad absoluta, sino que también contempla la derogación de artículos que han quedado obsoletos en el Código Civil.
El objetivo es que la transición sea integral, permitiendo que la "capacidad absoluta de obrar" sea una realidad tanto en las actividades políticas como en las civiles, garantizando que el ejercicio de la libertad personal no se vea truncado por una legislación que no ha sido revisada en más de un siglo.
"Yo creo que a los 18 años ya las personas están claras realmente en lo que quieren y tienen la madurez suficiente", aseguró Donaire,
De aprobarse esta reforma, se espera un impacto directo en la dinamización de la economía, facilitando que una nueva masa de ciudadanos acceda a créditos, emprenda negocios y formalice su situación patrimonial sin depender de tutores legales.
Además, simplificaría procesos migratorios para miles de jóvenes que hoy requieren permisos notariales para viajar por motivos de estudio o trabajo, a pesar de ser considerados adultos para efectos penales y electorales.
El proyecto de ley ahora pasará a la Comisión de Dictamen correspondiente, donde se evaluarán las implicaciones legales y sociales de este cambio.
Mientras tanto, el debate queda abierto sobre la preparación de la sociedad hondureña para otorgar plena independencia a los jóvenes, sobre todo para aquellos que crecen solo con su madre o padre, en un paso que muchos sectores consideran un acto de justicia y modernización del Estado frente a las demandas de las nuevas generaciones. Pero hay quienes tienen sus reservas y piden que este proyecto se haga bajo mucho análisis jurídico.
"Es el momento de que Honduras dé ese paso y que ahora la mayoría de edad sea a los 18 años", enfatizó la diputada.
