Tegucigalpa, Honduras.- El camino para declarar como “terroristas” a las maras y pandillas en Honduras no solo depende de voluntad política, sino también de un complejo proceso jurídico orientado a actualizar leyes con más de 25 años de rezago.
Expertos penalistas advierten que, aunque la intención de debilitar las estructuras criminales es necesaria, el éxito de la reforma dependerá de la calidad de la investigación y no únicamente de la severidad de las penas.
La propuesta legislativa contempla modificaciones en 11 artículos: siete del Código Penal y cuatro del Código Procesal Penal.
El eje principal es elevar la categoría de los grupos organizados, trasladándolos del delito de asociación ilícita a la figura de asociación terrorista, tipificada en el artículo 587 del Código Penal vigente.
“El único concepto de maras y pandillas está en la Ley de Convivencia Ciudadana del año 2000; tiene aproximadamente 26 años. No existe ningún otro artículo que establezca una definición más que en esa ley”, explicó Hermes Ramírez, abogado y experto penalista.
Para el jurista, la reforma busca fortalecer la política criminal del Estado y facilitar la persecución del delito desde la etapa de investigación policial.
Uno de los aspectos más relevantes es la persecución de la “infidencia” dentro del entorno cercano de las víctimas.
La iniciativa pretende sancionar a quienes revelan información patrimonial o familiar que facilita el cobro de extorsiones, un vacío legal que ha favorecido la impunidad de colaboradores.
“La reforma del artículo 272 sobre revelación de secretos es de lo más interesante, porque muchas veces la información patrimonial se comparte con empleados domésticos, choferes o secretarias, y esa información es trasladada al crimen organizado”, detalló Ramírez.
Según el experto, la norma actual es demasiado amplia y no permite delimitar con precisión la participación de estos informantes.
Asimismo, la reforma busca evitar la revictimización de los afectados durante el proceso judicial, limitando la repetición de sus testimonios.
“Se busca evitar que la víctima sea revictimizada brindando su testimonio más de siete veces en el proceso penal, que es una debilidad que tenemos desde hace 26 años”, añadió el entrevistado.
Accionar
Sin embargo, el endurecimiento de las penas genera escepticismo entre otros sectores del derecho penal, quienes recuerdan que la ley por sí sola no reduce la criminalidad si el sistema de investigación es deficiente.
La preocupación radica en que las reformas se conviertan en "letra muerta" si no se cuenta con evidencia científica y testimonios sólidos.
“Podemos tener los mejores artículos dentro del Código Penal y no poder lograr un resultado por falta de buena investigación, inteligencia, manejo de fuentes, testigos y evidencia científica; siempre y cuando estas reformas nos aseguren estos factores tendremos garantizados los resultados”, advirtió el abogado criminalista Wilfredo Rubio.
El jurista subrayó que en el pasado se han aprobado leyes que terminaron haciendo daño por falta de investigación suficiente.
Rubio cuestionó además si el objetivo final de los proyectistas es desarticular las estructuras o simplemente llenar las cárceles, las cuales ya operan al límite de su capacidad.
“El sistema penitenciario tiene un límite. No es la base criminalizar todo; un privado de libertad le puede costar hasta 1,000 lempiras diarios al Estado”, manifestó el profesional del derecho.
La extorsión, calificada como un cáncer que genera más de 20 delitos conexos, ha frenado la capacidad de emprendimiento de miles de hondureños.
Para los expertos, el decomiso de bienes y la destrucción de la trazabilidad financiera de las maras debe ser tan importante como la captura de los cabecillas bajo la nueva figura de terrorismo.
