Tegucigalpa, Honduras.- La junta directiva del Congreso Nacional y la cúpula de la Secretaría de Seguridad sentaron este martes las bases de una agresiva reforma al Código Penal y Código Procesal Penal, orientada a endurecer el combate contra la extorsión y otorgar la facultad de declarar como "terroristas" a diversas estructuras criminales que operan en el país.
La iniciativa surge tras una reunión de alto nivel entre el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, y el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, junto a la plana mayor de la Policía Nacional.
El objetivo central es dotar de nuevas herramientas legales a los operadores de justicia para frenar el cierre de negocios y el asedio al sector transporte.
El proyecto de ley, que será enviado próximamente al pleno, contempla una revisión exhaustiva del tipo penal de extorsión, especialmente en sus agravantes.
Se busca castigar con mayor severidad cuando se utilicen menores de edad, personas de la tercera edad o incluso miembros de las fuerzas de seguridad y del sistema financiero para recolectar el "impuesto de guerra".
“Es compromiso de este Congreso darle todas las herramientas legales a la Policía Nacional para que la lucha sea efectiva; vamos a revisar la participación de menores, de personas de la tercera edad y de colaboradores en el sistema financiero”, manifestó Zambrano.
Uno de los puntos clave de la reforma es la protección a las víctimas. Se plantea modificar el Código Procesal Penal para evitar la sobreexposición de los ofendidos y testigos, evitando que tengan que presentarse en múltiples etapas del proceso judicial, un factor que actualmente genera temor y desincentiva la denuncia ciudadana.
Asimismo, se informó que la propuesta incluye la atribución para que, bajo el análisis del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se pueda otorgar la categoría de "terroristas" a asociaciones ilícitas que causen grave daño a la población.
Esta medida busca un respaldo unánime de todas las bancadas representadas en la cámara.
“Esperamos tener unanimidad de todas las bancadas y que se discuta en las próximas semanas; le decimos a Honduras que este Congreso no le va a fallar en el tema de seguridad”, enfatizó el parlamentario Zambrano.
Por su parte, el titular de Seguridad, Gerzon Velásquez, se mostró satisfecho con el respaldo político recibido, subrayando que la seguridad trasciende los colores partidarios y es un eje fundamental para el desarrollo económico del país. Según el funcionario, esta es apenas la primera de varias mesas de trabajo.
Velásquez explicó que la estrategia del Ejecutivo busca fortalecer la persecución penal contra los actores que generan mayor violencia.
Las reformas serán consultadas con otros actores del sistema de administración de justicia para asegurar que sean eficaces, oportunas y pertinentes para la convivencia ciudadana.
“Hemos expuesto los puntos de vista para promover mejoras en las herramientas que nos permitan hacer una mejor persecución de los actores criminales que más daño ocasionan, como es la extorsión”, señaló el ministro de Seguridad.
En esa misma línea, el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, destacó la importancia de construir una "ciencia policial" que garantice el servicio en beneficio de los sectores más vulnerables. Oseguera hizo un llamado a la colaboración ciudadana y de los medios de comunicación para fortalecer el principio de legalidad.
El jerarca policial insistió en que la incertidumbre que genera el crimen organizado debe combatirse con una estructura de Estado articulada.
Para la Policía, contar con un marco legal actualizado es vital en un entorno de globalidad y cambios constantes en las modalidades delictivas.
“Estamos buscando un principio fundamental que es la legalidad, pero una legalidad articulada con la práctica para garantizar nuestro servicio de policía en beneficio de la población”, puntualizó el director de la Policía Nacional.
El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, confirmó que todas las fuerzas políticas están decididas a acompañar el endurecimiento de penas.
El parlamentario adelantó que se realizarán jornadas de escucha con el sector transporte y productivo para conocer de cerca el impacto del flagelo desde la perspectiva de las víctimas.
Sarmiento destacó que la figura del testigo protegido tendrá mayor cobertura y certeza, y que se mantendrá una vigilancia estrecha para que las figuras de "crimen organizado" y "terrorismo" queden correctamente blindadas en la normativa para no dejar espacios a la impunidad.
“Todas las fuerzas políticas confirmamos nuestra decisión de acompañar las reformas que le den paz al pueblo hondureño, sobre todo a los sectores que se ven afectados por este flagelo”, sentenció el diputado de Libre.
