Tegucigalpa, Honduras.- La discusión sobre la implementación de la segunda vuelta electoral en el sistema político del país quedó condicionada de forma directa a la construcción de una mayoría calificada dentro del pleno del Congreso Nacional.
La iniciativa, orientada a modificar la dinámica de elección del nivel presidencial, forma parte de un paquete amplio de mociones que serán unificadas en un solo dictamen técnico durante las próximas semanas.
El análisis de esta figura constitucional se integra a un inventario de proyectos normativos promovidos por distintas bancadas parlamentarias, entre los que destacan la propuesta de elecciones a mitad de período e iniciativas impulsadas por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano.
La comisión dictaminadora proyecta consolidar todos estos insumos junto al documento que entregará la sociedad civil con el acompañamiento de organismos internacionales.
"Le voy a contestar con toda sinceridad: si hay 86 votos, va a haber segunda vuelta; si no hay 86 votos, no hay segunda vuelta", sostuvo Antonio Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional.
El diputado fundamentó las reservas técnicas en torno al balotaje argumentando que la estructura del sistema de partidos en Honduras difiere del resto de Latinoamérica.
Según expuso, en la nación participan tres fuerzas políticas con opción real de triunfo, por lo que una eventual segunda vuelta otorgaría un peso determinante al partido que quede en el tercer lugar del escrutinio general.
Frente a la dispersión de mociones, la presidencia de la comisión confirmó que la recepción oficial de las propuestas elaboradas por las organizaciones sociales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se reprogramó para el lunes 21 de septiembre.
A partir de esa fecha, las autoridades legislativas iniciarán rondas de socialización con la dirigencia de todos los partidos políticos representados en la cámara."Ya con esas vamos a hacer una sola propuesta; vamos a empezar a reunirnos con partidos políticos y esperamos en octubre ya tener un dictamen de todos estos proyectos presentados en un solo documento", precisó el diputado Rivera.
Más allá del debate sobre el balotaje, la comisión dictaminadora identificó como una prioridad técnica la depuración y despartidización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
La propuesta busca sustituir a los activistas políticos en las labores administrativas del día de los comicios por ciudadanos independientes seleccionados mediante sorteo público. La modificación del esquema de las mesas receptoras contempla la eliminación de los cargos asignados tradicionalmente a las tres fuerzas políticas mayoritarias, trasladando la responsabilidad del llenado y escaneo de las actas de cierre a personal contratado y capacitado directamente por el órgano electoral.
"Lo ideal, lo lógico y lo democrático es que desaparezcan los 18,000 secretarios de partidos políticos y aparezcan 18,000 secretarios de la sociedad civil. No podemos seguir permitiendo que el activista sea juez y parte o quiera manejar a su antojo el acta que va a ser transmitida al centro de cómputo", detalló Rivera.
