TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un estudio realizado por la organización Human Rights Watch (HRW) devela el impacto que tiene la corrupción en los derechos humanos de las personas en Honduras.
Este informe, que ya está en manos de la presidenta Xiomara Castro y del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutérres, expresa la preocupación de HRW por la situación de corrupción que existe en Honduras hace muchos años y sus efectos en los derechos económicos y sociales de los hondureños.
HRW incitó a la mandataria Castro a que cumpla con la llegada y creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que fue una promesa de campaña de la Presidenta y que esperan se materialice a la mayor brevedad posible.
El informe, denominado “La lucha contra la corrupción requiere medidas urgentes”, entre sus hallazgos detalla las irregularidades que se dieron en la compra de los hospitales móviles.
Destaca que en 2021 más del 80% de la población rural se encontraba en situación de pobreza, casi todos ellos en pobreza extrema, más del 75% de la población en las ciudades se encontraba en pobreza, dos tercios de ellos en pobreza extrema, derivado de secuelas dejadas por la corrupción.
Además, que seis de cada diez niños entre 3 y 17 años están cubiertos por un centro educativo, eso deja afuera a cuatro de cada diez niños de entre 3 y 17 años.
¿Qué recomienda HRW?
Juana Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, resaltó que la conclusión principal del informe “es que la corrupción en Honduras ha generado violaciones a derechos humanos”.
Goebertus señaló: “Había una promesa muy clara, muy explícita, del gobierno de Xiomara Castro tanto a lo largo de la campaña como en el inicio del gobierno de crear una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras y, sin embargo, llevamos un año y medio desde esa promesa y esa promesa no se ha materializado”.
Para poner en marcha la CICIH, según HRW, es necesario derogar los decreto 116-2019 y 117-2020, que impiden investigar e imputar cargos particularmente a diputados, además, el 93-2021, que hace una interpretación del delito de lavado de activos, exigiendo que se pruebe previamente la comisión del delito.
Por último, que con la creación de la Ley de Amnistía se cubrieron bajo el mismo manto casos de corrupción que no tenían que ver con el golpe de Estado de 2009.
