Tegucigalpa, Honduras.-Honduras se sumó a nueve países de América Latina que exigieron detener los intentos de desestabilización en Bolivia y manifestaron su profunda preocupación por la crisis humanitaria que sufre el país, provocada por los intensos bloqueos de carreteras y protestas que mantienen desabastecida de alimentos e insumos básicos a la población.
A través de una declaración conjunta, difundida por la cancillería de Honduras, los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú cerraron filas en defensa del orden democrático boliviano.
En el documento, las naciones rechazaron de forma tajante cualquier acción que busque alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional de Bolivia, el cual fue elegido democráticamente en los comicios generales de 2025.
Ante el complejo panorama social, el bloque de países hizo un llamado urgente a todos los actores políticos y sociales para que detengan las medidas de presión.
Asimismo, los exhortaron a canalizar sus diferencias mediante el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social, reiterando su total solidaridad con el pueblo boliviano.
¿Qué pasa en Bolivia?
La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó este sábado que la operación militar y policial para intentar desbloquear carreteras en el departamento de La Paz y los posteriores enfrentamientos entre manifestantes y agentes dejaron 47 personas detenidas y cinco heridas.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó a los medios que hacia el final de la tarde, se registraron 47 personas detenidas, en las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, cuya situación fue monitoreada y se buscó que se les asignen abogados de defensa pública.
También indicó que tienen registro de "5 personas heridas, entre ellas ciudadanos con afectaciones oculares y faciales que recibieron atención médica", sin dar mayores detalles al respecto.
Además, la Defensoría verificó "agresiones e impedimento al trabajo de periodistas y trabajadores de la prensa en cobertura de los hechos", ante lo cual Callisaya pidió "proteger" la labor de los informadores.
Al respecto, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informó que dos periodistas de canales locales de televisión sufrieron lesiones "como efecto de una emboscada organizada" por personas que bloqueaban una ruta en el sur de La Paz, un sector que forzó a pedradas y con explosivos el repliegue policial y militar del lugar.
En ese sitio, conocido como Lipari, uno de los informadores "fue retenido por varios minutos con violencia por los bloqueadores, que también destruyeron su teléfono móvil", señaló la ANP.
La Defensoría del Pueblo indicó que también hubo "situaciones de confrontación entre sectores movilizados y vecinos en distintos puntos de bloqueo" y "afectaciones humanitarias derivadas de la prolongación del conflicto" y los bloqueos iniciados hace once días en el departamento de La Paz.
La entidad recibió, además, "denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos humanos durante operativos y movilizaciones, las cuales se encuentran en proceso de verificación institucional".
Callisaya remarcó que la "prioridad" en este momento "debe ser la protección de la vida, la integridad y la convivencia pacífica" entre bolivianos.
El defensor volvió a exhortar al diálogo e indicó que su entidad analiza con la Iglesia católica "la posibilidad de generar un espacio que contribuya a la desescalada del conflicto y a la reconciliación".
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz piden, con protestas callejeras y bloqueos de carreteras, la renuncia de Paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país.
Esta jornada se realizó una operación policial y militar conjunta para despejar las principales carreteras que conectan a La Paz con el resto del país y abrir un "corredor humanitario" para el paso de camiones con combustibles y oxígeno medicinal, además de vehículos particulares que estaban parados en las rutas.
Además de la tensión en el sur de La Paz, también hubo resistencia de los manifestantes en la zona de Río Seco en El Alto, quienes respondieron con piedras y cargas de dinamita a los gases lacrimógenos que utilizaron los agentes para dispersarlos.
La operación desbloqueó parcialmente la carretera troncal que une La Paz con la región de Oruro y el Gobierno ordenó luego el repliegue de policías y militares para evitar un "derramamiento de sangre" que afecte a cualquiera de los dos bandos.
