Un total de 283 requerimientos fiscales interpuso el Ministerio Público (MP) por casos de corrupción en los últimos siete años, de los cuales 81 corresponden a empleados y extrabajadores de diversas dependencias estatales de Honduras.
Así lo detalla un informe de Judicialización de la Corrupción Pública 2008-2016 publicado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), destacando que 22 de esos casos son de personas vinculadas con la Secretaría de Seguridad -27 por ciento-, quienes fueron procesadas hace ocho años que incluyen siete policías de la Dirección Nacional de Tránsito (DNT).
Mientras que en segundo lugar se encuentran 11 imputados que laboraban en la suprimida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) seguidos por 10 acusados que se desempeñaban tanto en la Secretaría de Educación como Salud.
Con nueve encausados figura el Poder Judicial así como de otras instituciones como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).
En último lugar y con menos reportes están la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA) y la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) con ocho y dos casos, respectivamente.
La investigación fue presentada recientemente ante instituciones operadoras de justicia y entes contralores, la cual analizó la respuesta estatal anticorrupción en 110 registros.
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Más vulnerables
El informe subraya que 'las instituciones públicas que manejan grandes cantidades de presupuesto prestan servicio básico necesario a la población y tienen cobertura nacional son más vulnerables a actos de corrupción'.
Además, cuestiona la escasa acusación fiscal en relación a instituciones con alta percepción de corrupción como Insep.
Entre 2012 y 2014 se registró un incremento de acusaciones y fue la época en la que el ente acusador del Estado atravesó una crisis que derivó en su intervención y cambio de su máxima autoridad, es decir el fiscal general, establece el estudio.
El aumento de casos judicializados se atribuyen a las imputaciones contra funcionarios de los gobiernos de José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
Informe ASJToma en cuenta cifras históricas de expedientes judiciales y analiza la participación de las partes involucradas, el tratamiento procesal de los casos y la aplicación de la justicia penal. |
El exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, Pedro Arnaldo Pinto, exdirector del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y el exministro de Salud, Arturo Bendaña son algunos de los encausados durante ese período.
No obstante, de todos los exfuncionarios imputados a penas uno fue condenado y se encuentra recluído, es decir el exadministrador del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), José Bertetty.
El juez que lleva la causa de Chimirri por el delito de enriquecimiento ilícito decidió posponer el juicio oral y público en su contra hasta el próximo mes de noviembre, mientras que en el caso de Pinto inculpado por fraude, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios recibió un sobreseimiento definitivo por nueve de las 11 acusaciones.
Bendaña, quien es diputado del Congreso Nacional fue acusado por fraude al igual que abuso de autoridad, pero logró conciliar con la Procuraduría General de la República (PGR), siendo favorecido con medidas cautelares.
'Los hallazgos muestran débiles resultados del Estado hondureño en la persecución de la corrupción, conformándose en orientar las acciones hacia los delitos como el abuso de autoridad o la violación de los deberes de los funcionarios, los cuales conforman el 50 por ciento de los delitos judicializados y acarrean penas cortas y salidas procesales que no implican cárcel o un resarcimiento al daño producido', concluye el documento.
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