Hasta 50 millones de lempiras dejará de percibir el Registro Nacional de las Personas (RNP) durante los 18 meses de amnistía en la reposición de la tarjeta de identidad, dijo este sábado el director ejecutivo Jorge Reina.
'La decisión del Congreso Nacional es una amnistía por 18 meses. Nosotros con la experiencia del año pasado vimos que en un año por ese concepto de reposición de tarjetas de identidad percibimos aproximadamente 25 a 27 millones de lempiras. Entonces podemos esperar que en 18 meses puede llegar al orden de los 45 o 50 millones de lempiras', expresó.
No obstante, Reina consideró que 'el punto principal es que el Congreso de la República autorizó en el decreto 17-2010 al Registro para que cobrara la reposición y el mismo Congreso de la República -después de habernos pedido un informe técnico sobre toda la visión, estadística que pudimos esperar de reposición en los años electorales- (...) tomó la decisión en sentido de dar una amnistía', detalló el funcionario.
Dijo que todas las bancadas se comprometieron con el Registro, en 'apoyo al trabajo que estamos haciendo, a fortalecer los ingresos en la aprobación del presupuesto del próximo año'.
A su juicio, la decisión de una amnistía está relacionada con el proceso electoral de este año, de cara a las elecciones primarias de noviembre próximo.
La amnistía entrará en vigencia desde el momento de su publicación en el diario oficial La Gaceta, mientras tanto los ciudadanos que soliciten la reposición de su identidad deberán pagar los 200 lempiras que manda la ley.
La medida fue aprobada por el Congreso Nacional, tras una reforma en la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, que exime a los ciudadanos del pago de 200 lempiras por la reposición de su cédula de identidad.
Traslados domiciliarios
El director del RNP dijo que el 20 de julio próximo concluye el proceso de traslado domiciliario para los hondureños en edad de ejercer el sufragio.
En ese sentido, dijo que el jueves pasado se reunió con el Tribunal Supremo Electoral para abordar la preocupación que existe porque 'siempre hay personas interesadas en deformar la voluntad política, sobre todo a nivel municipal'.
Explicó que en estos procesos hay quienes 'mueven gente que no corresponde a un municipio, y eso es un delito electoral'.
Para combatir este práctica se han unido con organizaciones como el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
