Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura aseguró que las primeras decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros representan un ahorro no menor de 600 millones de lempiras mensuales, lo que equivale a cerca de 7,500 millones de lempiras al año, como parte de una estrategia de reestructuración institucional y austeridad en el manejo de los recursos públicos.
El secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Argueta, detalló que la jornada fue extensa y que cada artículo de los PCM fue analizado de forma minuciosa.
“Fue una extensa jornada de trabajo en la que se abordó con detenimiento cada uno de los artículos propuestos contenidos en el PCM. El presidente fue bastante claro en que podíamos abordar cada artículo consultando cada duda que tuviéramos para el mejor beneficio del pueblo hondureño”, manifestó.
El enfoque central del primer Consejo de Ministros fue ordenar y modernizar el Estado desde una señal clara de austeridad. Recordó que la administración inició con una toma de posesión sobria y que el mensaje ha sido reorganizar la estructura gubernamental, eliminar gastos innecesarios y fortalecer la planificación institucional.
Por lo que se ordenó a cada secretario presentar en un plazo de dos semanas un informe pormenorizado sobre la situación financiera, de recursos humanos y operativa de su institución.
Uno de los datos más contundentes expuestos fue el incremento en la planilla estatal durante la administración anterior.
“Mencioné que el gobierno saliente aumentó la planilla en 20,000 millones de lempiras al año, pero eso es solamente el gobierno central; una vez que contamos con otras instituciones y los demás poderes, se aumentó en una suma total de 33,000 millones de lempiras”, afirmó.
En ese contexto, el Ejecutivo justificó la fusión y supresión de dependencias con mandatos similares o triplicados.
Un caso emblemático es la eliminación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), cuyas funciones relacionadas con infraestructura pasarán a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), mientras que el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) continuará con sus atribuciones técnicas en agua y saneamiento.
“Se elimina la duplicidad de los recursos, no la función que estas instituciones brindan al pueblo hondureño”, puntualizó el portavoz, al insistir en que el objetivo no es desmantelar servicios, sino reorganizar estructuras para hacerlas más eficientes.
Transparencia
En materia de control y transparencia, se anunció un proceso de fortalecimiento institucional que involucra a la Secretaría de Transparencia, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (Onadici) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el propósito de reducir duplicidades y robustecer la lucha contra la corrupción.
Se prevé ampliar la presencia geográfica del ente contralor y reforzar el acceso a la información pública.
Argueta adelantó además que se impulsará una ley antiextorsión ante el Congreso Nacional y que comenzarán programas de simplificación administrativa y gobierno digital.
Como ejemplo, mencionó que la SIT, presentará un sistema en línea que permitirá visualizar en tiempo real la ubicación geográfica de las obras, su costo antes y después de ejecutadas.
En cumplimiento de la Ley Marco de Vivienda de 2019, la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos absorberá la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda), el Programa Nacional de Vivienda y el Fondo Social de la Vivienda (Fosovi), operando con un máximo de 60 personas.
Paralelamente, se confirmó la supresión de la Secretaría de Planificación Estratégica, señalada por manejar alrededor de 1,500 millones de lempiras en publicidad y contar con más de 620 empleados en uno de los canales estatales.
También se eliminó la Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos adscrita a Casa Presidencial.
“No se puede crear un ministerio para dar seguimiento a otro ministerio”, enfatizó Argueta al explicar la lógica de reducción estructural.
En términos de ahorro, el gobierno detalló que solo en vehículos alquilados se destinaban aproximadamente 1,200 millones de lempiras anuales; solo en una institución eran unos 700 automotores en alquiler que serán eliminados. A esto se suman recortes en consumo de combustible y alquiler de edificios considerados innecesarios.
“Esos 7,500 millones al año es una cifra mínima a la que podemos alcanzar fácilmente”, sostuvo.
Durante la misma jornada se aprobó un segundo PCM para la intervención inmediata del muelle que conecta con el puerto Henecán, infraestructura que está a días de colapsar. La reparación fue autorizada de forma urgente por su impacto estratégico en la zona sur del país.
Médicos cubanos
En el ámbito sanitario, Argueta confirmó que las brigadas médicas cubanas saldrán del país al no cumplir con los requisitos establecidos: gratuidad, permanencia menor a 90 días y certificación del Colegio Médico de Honduras.
“Ni fueron gratuitas porque se les pagaba entre 1,600 y 2,500 dólares a cada médico cubano, ni fueron temporales, ni pusieron su papel en regla con el Colegio Médico”, afirmó.
También anunció el inicio de una campaña de vacunación contra el sarampión dirigida a 36,000 niños.
Además, la reparación de 2,700 kilómetros de carreteras previo a Semana Santa y un programa nacional de limpieza de playas para impulsar el turismo interno.
Finalmente, el funcionario reveló que el presupuesto aprobado en septiembre pasado por 469 mil millones de lempiras será reducido a aproximadamente 430 mil millones.
“No solo nos mantenemos en una cifra del año pasado, sino que aspiramos a reducirla. El presidente Asfura ha sido claro: todos a dar resultados, todos a ser austeros y todos a demostrarle al pueblo hondureño que cada lempira que se gaste vale para que vaya a salud, educación y seguridad”, concluyó.
Las medidas adoptadas en este primer tramo de gestión configuran una reingeniería del aparato estatal que, de concretarse en los términos anunciados, marcaría uno de los ajustes administrativos más amplios de los últimos años, con un impacto directo en el tamaño del presupuesto y la estructura del Ejecutivo.
