Tegucigalpa, Honduras-. Un juez natural continuará hasta el martes 28 de octubre con el desarrollo de la audiencia inicial, en el proceso incoado al diputado Nelson Márquez, y otros 10 implicados en un supuesto fraude al Estado de 3,000 millones de lempiras.
En el expediente de la Fiscalía, además del diputado nacionalista, figuran: Lidia Estela Cardona, exprocuradora general de la República; Marta Vicenta Doblado Andara, exdirectora del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Ijupe); los exjueces Irissabel Miranda Hernández y Raymundo Gradiz Vilorio.
Asimismo, la supuesta participación de Héctor Alvarado Mejía, representante de la Procuraduría General de la República, entre otros.
Durante la audiencia, el equipo técnico de las defensas presentaron algunas excepciones y nulidades, las cuales serán resueltas en la próxima sesión de la audiencia inicial.
Solo después de ello, el juez procederá con la evacuación de los medios de prueba que se consideren pertinentes, útiles y proporcionales.
Una vez concluida esa etapa, se desarrollará la fase de conclusiones, en la que tanto el Ministerio Público, y las defensas técnicas de los imputados expondrán sus alegatos.
Antecedentes
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en junio de 2025, con apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, presentó un requerimiento fiscal contra una red de exfuncionarios públicos, abogados y exjueces involucrados en un presunto fraude millonario que superó los 3 mil millones de lempiras.
La investigación detalló cómo los acusados presuntamente se coludieron para obtener de manera ilegal grandes sumas del Estado a través de demandas basadas en un supuesto contrato irregular y un laudo arbitral no válido.
El caso tiene sus orígenes en el año 2000, cuando el Estado firmó un contrato la empresa DRC Inc., que junto con NAINSA, montaron un esquema para simular demandas contra el gobierno.
La supuesta red utilizó procesos arbitrales con múltiples irregularidades, incluyendo la falsificación de documentos y la presentación de escritos no válidos, todo esto para lograr que los tribunales fallaran a su favor.
A pesar de la nulidad de varios laudos arbitrales, en 2019 y 2020 continuaron presentando nuevas demandas. Los 11 imputados supuestamente actuando en conjunto, lograron que se admitieran estas demandas fraudulentas, obligando al Estado a pagar cifras millonarias, acumulando con ellas al menos 3 mil millones de lempiras.
La investigación también identificó que parte de los fondos obtenidos ilegalmente, al parecer fueron depositados en las cuentas bancarias personales de los implicados y a sus familiares.
Con la reanudación de la audiencia programada para el 28 de octubre, se espera que el proceso avance hacia la resolución de las excepciones legales presentadas, así como la evacuación de pruebas clave que podrían determinar el futuro de los 11 acusados.
