Sectores del Congreso Nacional aceptaron quitar la “camisa de fuerza” para la aprobación de una nueva Ley del Ministerio Público, así como la elección del nuevo fiscal.
Lo anterior significa que la socialización de esta ley, o en su defecto de las reformas, podrá extenderse más allá del 31 de julio en que concluye la gestión de la Junta Interventora.
Mientras se aprueba el nuevo instrumento jurídico, la titularidad del Ministerio Público la asumirá el director de Fiscales, tal como está contemplado en la ley.
En ese sentido, queda descartada la intención que había en el Congreso Nacional de aprobar la nueva Ley del Ministerio Público en los próximos 20 días y nombrar a los nuevos fiscales a más tardar en el mes de agosto de este año.
Mesas temáticas
A estas conclusiones se llegó al iniciar su trabajo las mesas temáticas para la nueva Ley del Ministerio Público, en las que participan organizaciones de la sociedad civil, Colegio de Abogados, Asociación de Fiscales, representantes del sector privado y de los gremios nacionales.
Antes del inicio de las mesas temáticas se produjo una reunión entre la Comisión de Seguridad del Congreso, la representación de la Alianza por la Justicia (APJ) y la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), con el fin de definir la ruta a seguir en el proceso de construcción de la nueva ley.
Reformas o nueva ley
En esta reunión, el miembro de la CRSP expuso las razones por las cuales ese organismo se pronunció a favor de reformar la actual Ley del Ministerio Público y no de crear otra ley como se pretende desde el interior del Congreso.
El comisionado Matías Funes expresó que no es conveniente que el CN actúe a la carrera. En cuanto a las reformas, explicó que lo pertinente, en vez de una nueva ley, es que se amplíe la participación de la sociedad en la elección del nuevo fiscal, una fuerte participación de la academia, evaluación permanente y tomar en cuenta los méritos profesionales y éticos de candidatos y no darle preeminencia a la parte política.
En tanto, las organizaciones no gubernamentales agrupadas en la APJ reiteraron su demanda de que la creación de la nueva Ley del Ministerio Público, así como la elección del fiscal general y su adjunto, sean procesos ampliamente discutidos por los sectores de la sociedad.
Según Carlos Hernández, miembro de APJ, el interés es que el Ministerio Público sea descontaminado de intereses político partidistas para bien de la institucionalidad.
Indicó que el siguiente paso que está por definirse es si las mesas trabajarán sobre la base del borrador de una nueva ley, que contiene 200 artículos o sobre el proyecto de reformas de la ley actual.
Camisa de fuerza
Al respecto, el diputado Osman Aguilar, miembro de la Comisión de Seguridad, indicó que en un principio se fijó un plazo de 30 días para la aprobación de la ley, pero más que una camisa de fuerza era como una meta. No obstante, si se requiere más tiempo para sacar estas reformas el Congreso y la misma comisión está anuente a flexibilizar el plazo.
Precisó que mientras tanto, una vez que concluya el período de intervención, el director de fiscales asumirá la titularidad del Ministerio Público, tal como está consignado en la ley.
Aclaró que no hay ambiente a nivel de bancadas de ampliarle el plazo a la Junta Interventora. La ley dice que a falta del fiscal general y del fiscal adjunto, es el director de Fiscales quien asume temporalmente la titularidad mientras se nombra a los sustitutos.
Por su lado el asesor del Congreso, Eval Díaz, afirmó que la nueva Ley del Ministerio Público contiene 228 artículos e implica la reforma constitucional puesto que se propone que hay un fiscal general y tres vicefiscales.
También hay una propuesta que contiene 38 reformas a la actual ley que casi es el 50 por ciento del contenido de la misma.
