San Pedro Sula, Honduras.- El Ministerio Público (MP) acusó este miércoles 14 de octubre a una fiscal de la regional del norte por el supuesto delito de concusión (corrupción), en perjuicio de la administración pública del Estado.
La institución no ha precisado qué conducta se le atribuye a la fiscal, cuándo habrían ocurrido los hechos ni qué elementos sustentan el requerimiento fiscal. Tampoco se ha divulgado la identidad de la funcionaria. La institución tampoco ha revelado los hechos que motivaron la acusación.
Consultada por EL HERALDO y LA PRENSA sobre el caso, la vocera del Ministerio Público, Ethel Valladares, indicó que el resto de la información “se mantiene bajo estricta reserva”.
La detención fue ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) como parte de las acciones investigativas.
“El Ministerio Público actúa con firmeza ante cualquier acto de corrupción, incluso cuando involucra a sus propios funcionarios. Nuestro compromiso es con el pueblo hondureño: investigar y perseguir la corrupción de manera transparente y sin distinción de cargos”, informó la Fiscalía en un escueto comunicado.
“Toda persona investigada goza de la presunción de inocencia mientras no se demuestre su responsabilidad en juicio”, reiteró la institución.
El delito de concusión está tipificado en el artículo 497 del Código Penal, contenido en el Decreto No. 130-2017. Esta disposición sanciona al funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de sus funciones, exige, obliga, fuerza o induce a una persona a dar o prometer dinero u otro beneficio indebido, para sí mismo o para un tercero.
Este delito contempla penas de cinco a ocho años de prisión, una multa equivalente al tanto o al triple del valor del beneficio solicitado o prometido y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la pena de prisión.
Denuncia
Según la denuncia de la persona afectada, la fiscal señalada le habría cobrado dinero durante varios meses con la promesa de cerrar un expediente abierto en su contra.
La víctima refirió que habría hecho depósitos de entre 500 y 20,000 lempiras. Sin embargo, el Ministerio Público no ha confirmado esos detalles y mantiene el resto de la investigación bajo reserva.
