Tegucigalpa, Honduras.- La lectura de sentencia programada para este martes 30 de junio contra la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, conocida públicamente como la "Barbie Fiscal", fue suspendida luego de que su defensa interpusiera un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés.
La decisión implica que el proceso judicial permanecerá en pausa hasta que los magistrados de la Sala de lo Constitucional emitan un pronunciamiento sobre la garantía constitucional presentada por el equipo legal de Medina, recurso que cuestiona aspectos relacionados con la aplicación del Código Penal en este caso.
De acuerdo con la información proporcionada, la acción presentada por la defensa deberá ser analizada y resuelta por los magistrados constitucionales, quienes determinarán si procede o no el planteamiento.
Una vez exista una resolución definitiva, el expediente será remitido nuevamente al tribunal correspondiente para fijar una nueva fecha de lectura de sentencia.
Recurso no modifica el fallo
Pese a la suspensión de la audiencia prevista para este martes, se aclaró que el Tribunal de Sentencia ya cuenta con una resolución redactada respecto al caso, por lo que la interposición del recurso no implica que el fallo haya sido modificado o reconsiderado.
La suspensión responde exclusivamente a la necesidad de agotar el procedimiento constitucional planteado por la defensa, antes de que el Poder Judicial proceda a dar lectura oficial a la sentencia condenatoria.
Francia Sofía Medina Martínez fue declarada culpable el pasado 27 de mayo de 2026 por su participación en el desfalco de evidencias monetarias depositadas en el Banco Central de Honduras (BCH), en uno de los casos de corrupción más mediáticos registrados en los últimos años.
Sentencia solicitada
Durante la audiencia de individualización de la pena, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República solicitaron una condena total de 31 años y tres meses de prisión, además de una multa superior a los 367 millones de lempiras.
La acusación pidió una pena de 16 años y tres meses de cárcel por el delito de lavado de activos, acompañada de una multa de siete millones y medio de lempiras, así como la aplicación de la interdicción civil.
Asimismo, por el delito de sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos bajo custodia, la parte acusadora solicitó cuatro años de prisión, una multa de dos millones de lempiras y una inhabilitación absoluta por diez años.
A estas peticiones se suman tres años de prisión y una multa superior a los 365 millones de lempiras por el delito de uso de información privilegiada, además de ocho años de cárcel por falsificación continuada de documentos públicos y la imposición de inhabilitaciones especiales para ejercer cargos públicos.
Mientras la Sala de lo Constitucional analiza el recurso presentado por la defensa, el caso permanecerá temporalmente suspendido, a la espera de una resolución que definirá cuándo podrá retomarse el proceso para la lectura oficial de la sentencia contra la exfiscal.
