Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) respondió este lunes -29 de junio- de manera favorable a la solicitud del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, quien, a través de su apoderado legal, solicitó que se revoque la orden de captura vigente en su contra.
El juez natural decidió suspender la orden de captura y la alerta internacional en contra del expresidente, y se ha fijado la audiencia de declaración de imputados para el próximo lunes 3 de agosto a las 9 de la mañana, por el caso denominado Pandora II.
Días antes, el abogado Mario Cárdenas, apoderado legal del expresidente, presentó ante la Secretaría de la Presidencia de la Corte un escrito formal mediante el cual solicitaba que su representado pudiera retornar al país de manera voluntaria.
“La petición tiene como propósito que los magistrados constitucionales analicen y autoricen la presentación voluntaria del expresidente Hernández al proceso judicial”, manifestó el abogado Cárdenas.
Cabe mencionar que la suspensión temporal de las órdenes de captura y alerta roja libradas será del periodo comprendido del lunes 20 de julio al lunes 3 de agosto del año en curso, por lo que las mismas deberán cobrar vigencia automáticamente, salvo que el juzgado libre oficio informando la suspensión definitiva de las mismas.
Aunque el exmandatario fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los delitos de conspiración de narcotráfico y portación y tráfico de armas, la decisión no implica el cierre del caso ni la eliminación de los cargos presentados por el Ministerio Público (MP) en Honduras.
Caso Pandora II
A Hernández Alvarado se le imputa el delito de lavado de activos de más de 62 millones de lempiras por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) desde el 11 de octubre de 2023, junto a Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), provenientes desde las instituciones públicas hasta las fundaciones que participaron en las campañas políticas.
Los delitos que enfrenta en Honduras son fraude y lavado de activos, en el que también fueron acusados otros exfuncionarios.
El expediente indica que empresas fantasmas, contratos falsos y prestanombres los fondos llegaron a los movimientos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, asimismo en la sociedad mercantil identificada como “La Cachureca” y a otros líderes de sus compañas departamentales.
