Juticalpa, Olancho
La Operación Dragón III llegó hasta las instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), donde se decomisaron documentos e interrogó a personal directivo de la institución.
En los últimos años se han presentado denuncias de malas administraciones, lo que ha salpicado a rectores, vicerrectores, secretarios generales y docentes, lo que obligó a las autoridades a intervenir el viernes pasado el campus de estudio superior.
El exvicerrector de la UNA hasta 2013, Francisco Javier Medina, es uno de los que están en la mira de la justicia y dialogó con EL HERALDO sobre este tema.
Trascendió un ajuste al arancel del agrónomo en beneficio de docentes y jefes, ¿es cierto?
Los docentes de la UNA presentaron una demanda arancelaria del profesional de las ciencias agronómicas y todas las organizaciones afines, y fue aprobado un arancel por el Poder Legislativo y la Presidencia. Revisar la historia de los sueldos en la institución para los agrónomos es interesante, han sido raquíticos, el salario era de 3,500 lempiras.
Usted recibió dinero que se investiga, ¿si fuera necesario lo devolvería?
Sí, si se comprueba una acción ilegal y retrocediendo en el tiempo y espacio, esperan que las determinaciones se hayan realizado legal para no salir afectados, porque actuaron con base en resoluciones dictadas por un juez.
También investigan contratos de alquileres, ¿usted favoreció alguien de su familia?
Para nada, mi relación fue estrictamente académica, nunca he tenido relación en el campo administrativo, no manejo fondos ni cajas chicas.
¿La demanda superó los L 200 millones?
No manejo la información realmente, fueron dos acciones diferentes en valores, actualmente les deben un ajuste salarial; el primer pago fue pequeño y el expresidente Porfirio Lobo Sosa ordenó que les pagaran mensualmente el 3% de la deuda. No comprendo que un mandatario apruebe una acción ilegal, creo que existe mala información y que espero se aclare.
¿Cuál es el futuro de la UNA?
Trabajar intensamente en la oferta académica para dar más oportunidad a los jóvenes. Los centros regionales deben funcionar en regiones donde aún habitan personas de escasos recursos y no tienen acceso a la educación.
