Tegucigalpa, Honduras.-Un grupo de exempleados de la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra el procurador general Dagoberto Aspra Iglesias, a quien señalan por presuntos despidos injustificados y por el incumplimiento en el pago de prestaciones y otros derechos laborales.
La acción fue presentada este 22 de junio por exservidores públicos que fueron separados de sus cargos desde febrero de 2026 y que aseguran no haber recibido hasta la fecha el pago de sus prestaciones laborales, pese al tiempo transcurrido desde su desvinculación.
De acuerdo con los denunciantes, la demora en los pagos se mantiene a pesar de que, según información oficial de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), los recursos destinados para cubrir dichas obligaciones ya habrían sido transferidos a la PGR.
Los afectados sostienen que la institución no ha ejecutado los desembolsos correspondientes y que las explicaciones brindadas hasta ahora se han limitado a argumentos de confidencialidad, sin establecer una fecha concreta para el pago.
Asimismo, los exempleados alegan que los despidos respondieron a criterios de discriminación política y aseguran que las cancelaciones afectaron a trabajadores que no forman parte del partido de gobierno. Entre los denunciantes figuran personal de aseo, abogados, conductores y empleados administrativos.
Según el grupo, la falta de pago de las prestaciones ha generado dificultades económicas para numerosas familias, incluyendo problemas para cubrir gastos educativos, médicos y de vivienda.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público incluye señalamientos por presunto abuso de autoridad, discriminación, violación de derechos laborales y retención indebida de prestaciones laborales.
Paralelamente, anunciaron que acudirán ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para exponer el caso.
Los afectados exigieron el pago inmediato de sus prestaciones laborales y solicitaron que se investigue la actuación de los funcionarios responsables.
Además, pidieron el cese de cualquier forma de persecución política contra el personal que continúa laborando dentro de la Procuraduría General de la República.
