Tegucigalpa, Honduras.- La Ley de Ordenamiento Técnico y Eliminación de Túmulos Irregulares en la Red Vial Primaria Nacional entró en plena vigencia tras ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
La normativa, que había sido aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso Nacional el pasado 21 de octubre y sancionada en noviembre, establece en su artículo primero la prohibición estricta de construir túmulos tradicionales, artesanales o sin certificación técnica en los principales ejes carreteros del país.
Con la entrada en vigor del decreto, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) asume la potestad exclusiva para autorizar, mantener, sustituir u ordenar la demolición de cualquier dispositivo de reducción de velocidad en la red vial primaria.
Asimismo, el cuerpo legal otorga un plazo máximo de 12 meses a la SIT para que, en coordinación con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), levante un inventario técnico nacional que permita auditar todas las estructuras actualmente instaladas en las carreteras.
De acuerdo con los parámetros establecidos en la legislación, aquellos túmulos que no cumplan con las especificaciones oficiales deberán ser eliminados o reemplazados de manera progresiva por mecanismos certificados de seguridad vial.
Entre las alternativas técnicas que contempla la ley destacan la señalización vertical y horizontal reglamentaria, reductores de velocidad normalizados, boyas viales, pasos peatonales elevados con diseño técnico y sistemas electrónicos de control de velocidad en tramos críticos.
La disposición legislativa surge como respuesta a la proliferación de obstáculos improvisados de cemento o tierra levantados sin criterio vial en corredores estratégicos como la carretera CA-5, la ruta hacia el oriente y el litoral atlántico, los cuales provocan accidentes de tránsito, daños mecánicos y embotellamientos.
En el capítulo de prohibiciones y sanciones, el decreto advierte que ninguna municipalidad, patronato, organización comunitaria ni ciudadano particular podrá edificar túmulos sin contar previamente con el dictamen y permiso expreso de la SIT, deduciéndose responsabilidades administrativas a quienes infrinjan la norma.
Adicionalmente, la ley prohíbe de forma tajante a las alcaldías municipales otorgar permisos de operación para negocios situados dentro de los derechos de vía, así como extender títulos de dominio pleno sobre franjas pertenecientes a las carreteras nacionales.
Para garantizar la aplicación ordenada de estas medidas, el Poder Ejecutivo dispone de un plazo de 180 días, en coordinación con la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), para emitir el reglamento respectivo.
Dicho reglamento deberá fijar un procedimiento administrativo simplificado que permita a las alcaldías y comunidades solicitar formalmente la instalación de dispositivos de seguridad vial en zonas escolares o centros de salud, solicitudes que tendrán que resolverse en un período máximo de 60 días calendario.