Tegucigalpa, Honduras.- Las comisiones de Seguridad y de Defensa del Congreso Nacional comenzarán a partir de la próxima semana las jornadas de análisis y socialización con autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para dictaminar las reformas a la Ley del Sistema Penitenciario, orientadas a establecer el trabajo obligatorio y la reinserción social de los privados de libertad.
La iniciativa, presentada en el pleno el martes por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, busca que los reclusos clasificados en mínima y mediana peligrosidad retribuyan al Estado el costo de su manutención mediante la elaboración de pupitres, uniformes escolares, bloques y productos agrícolas en granjas penales.
Para construir un documento sólido antes de someterlo a votación en el hemiciclo, los diputados realizarán un diagnóstico técnico sobre la capacidad instalada en las cárceles del país. Esto incluye auditar los talleres existentes, verificar el estado de la maquinaria y definir el origen de los insumos que se emplearán en la producción.
Entre los mecanismos logísticos que se incorporarán en el dictamen figura el aprovechamiento de la madera decomisada por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y las Fuerzas Armadas (FF AA) para fabricar mobiliario escolar.
Asimismo, se contempla habilitar talleres de confección en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) para producir indumentaria estudiantil.
"Lo que se quiere aquí es volver a poner a trabajar a los internos, pero lo novedoso es que con el trabajo que ellos realicen van a apoyar directamente la educación en nuestro país, elaborando pupitres, uniformes escolares y hasta bloques para construir aulas escolares", explicó Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional.
Otro eje central en la mesa de dictamen será la tabla de incentivos legales y la redención de penas por días trabajados, garantizando que el beneficio penitenciario se aplique bajo criterios estrictos de buena conducta y sin generar distorsiones jurídicas en las condenas.
En el plano financiero, la comisión evaluará el refuerzo presupuestario que requerirá el INP para equipar los recintos que carecen de herramientas.
"Se va a aumentar el presupuesto en los casos que ameriten y se necesiten, aunque en cárceles como El Pozo hay muy buenas máquinas para elaborar trabajos de madera que se pueden aprovechar nuevamente para ahorrar recursos, pero habrá otros centros penitenciarios que sí van a requerir dotación presupuestaria para adquirir maquinaria", indicó el parlamentario.
La selección de los internos aptos para integrarse a las cuadrillas productivas recaerá directamente en los consejos técnicos interdisciplinarios del INP, quienes evaluarán el expediente criminológico, el nivel de peligrosidad y la cercanía al cumplimiento de la condena de cada recluso.
"El proyecto de ley establece que será específicamente para los reos de mínima peligrosidad que estén próximos a salir y tengan buena conducta, y en algunos casos los de mediana peligrosidad dispuestos a reinsertarse, quedando totalmente fuera las organizaciones terroristas que permanecen bajo régimen especial encerradas 23 horas y media al día", puntualizó Paz.
Una vez concluidas las audiencias con el sistema penitenciario y afinados los controles administrativos, ambas comisiones legislativas esperan presentar el dictamen favorable ante el pleno para buscar su aprobación por unanimidad antes de que concluya el presente período legislativo.