En sus casi cuatro años de operación, desde el 19 de abril de 2016 a la fecha, el organismo presentó ante los tribunales de justicia 11 casos de corrupción que vinculaban a 112 personas, entre ellas 80 funcionarios públicos.
De estos 80 hondureños, 12 de ellos son actualmente diputados del Congreso Nacional y otros 10 son excongresistas.
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La Misión estaba pendiente a nuevas denuncias de corrupción y daba seguimiento a aquellas relacionadas con casos ya objeto de investigación, en colaboración con las autoridades nacionales pertinentes. Así logró impulsar las investigaciones y judicialización de los que saquearon el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Asimismo, a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic) del Ministerio Público, creada en agosto de 2017, presentó tres demandas de incautación de bienes.
La Maccih facilitó además que la Procuraduría General de la República se comprometiera a no otorgar medidas desjudicializadoras al proceso penal de delitos de corrupción y gracias a ello más de 79 casos fueron denegados.
Por otro lado, la PGR implementó un nuevo sistema para valorar el daño al patrimonio del Estado lo que permitió identificar un daño al patrimonio del Estado por un monto de 309,950,000 lempiras, equivalente a 12.8 millones de dólares.
