El único magistrado de la Sala Constitucional que se salvó del zarpazo dado por el Congreso Nacional a la Corte Suprema de Justicia, Óscar Fernando Chinchilla, oficializó su posición en contra de la prueba del polígrafo.
Chinchilla es el único magistrado no separado del cargo de magistrado, sus otros cuatro compañeros de la Sala Constitucional fueron despedidos por el Congreso Nacional, curiosamente por oponerse a las pruebas de confianza contra miembros de la policía.
El polígrafo es una de las pruebas de confianza, sobre el cual Chinchilla externó su posición en contra en un voto particular que emitió en el fallo emitido en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el decreto 89-2012, contentivo de la Ley de Depuración Policial.
Vulnera derechos
“En lo referente a las pruebas de confianza (psicométrica, socioeconómica, toxicológica y del polígrafo), específicamente en cuanto a la prueba del polígrafo, debo coincidir en que la práctica de la misma vulnera derechos fundamentales consagrados por nuestra carta magna y tratados internacionales de derechos humanos”, cito Chinchilla en su voto particular emitido en el pleno de la Sala Constitucional.
Prosigue en diciendo que “así como nadie está obligado a declarar contra sí mismo por la llamada incoercibilidad moral, tampoco puede ser sometido a pruebas como la referida, que no ofrece científicamente la certeza y exactitud necesarios”.
En referencia, Chinchilla expuso en su voto lo cita del jurista y escritor argentino Cafferata Nores, “por imperio de normas constitucionales y procesales, el imputado no puede ser inducido o constreñido a producir pruebas en contra de su voluntad, pues aquellas le reconocen la condición de sujeto incoercible del proceso penal”, es decir, “la garantía alcanza, en suma, a su posible intervención como órgano de prueba”.
En su voto particular Chinchilla afirmó estar convencido de que al efectuarse una interpretación de una norma constitucional es fundamental “no abandonar la concepción de la Constitución de la República como un todo, premisa que conlleva implícito la prohibición de realizar interpretaciones aisladas de alguna norma constitucional”.
A pesar de que Chinchilla sentó su posición en que la prueba del polígrafo vulnera derechos constitucionales, fue el único de los cinco magistrados de la Sala Constitucional que voto por dejar vigente la Ley de Depuración de la Policía.
Por el contrario, el votar en contra de la práctica de pruebas de confianza, como el polígrafo, le costó el cargo a sus hoy excompañeros de Sala: Rosalinda Cruz, Francisco Ruiz, Antonio Gutiérrez y Gustavo Bustillo.
