Tegucigalpa, Honduras.-La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), ha atendido ocho casos de autosecuestros o secuestros fingidos a nivel nacional en lo que va de este año 2026.
Las situaciones presentadas, han requerido la activación inmediata de equipos especializados y la aplicación de técnicas especiales de investigación para establecer la veracidad de las denuncias y garantizar la protección de las supuestas víctimas.
Cada denuncia por secuestro es tratada con máxima prioridad debido a la gravedad de este delito.
Es por eso que las autoridades al recibir un reporte de secuestro, los investigadores de la UNAS ejecutan un protocolo especializado que incluye labores de inteligencia, análisis de información, rastreo tecnológico, entrevistas, verificación de indicios y coordinación con otras unidades policiales y entes de justicia, con el objetivo de ubicar a la víctima y capturar a los responsables.
Sin embargo, en ocho de los casos atendidos durante 2026, las investigaciones establecen que las denuncias corresponden a autosecuestros o secuestros fingidos, donde las supuestas víctimas planifican los hechos con el propósito de obtener dinero de sus familiares, parejas sentimentales o personas cercanas.
De acuerdo a las averiguaciones de los especialistas de la UNAS, el principal móvil identificado en este tipo de casos, "es la necesidad de obtener recursos económicos para pagar deudas personales, afrontar problemas financieros o financiar proyectos personales, utilizando el engaño y la presión emocional sobre sus familiares para conseguir importantes sumas de dinero".
Las investigaciones reflejan que la mayoría de los involucrados tienen edades que oscilan entre los 20 y 40 años de edad. También se han registrado dos casos en los que participaron menores de edad.
Además del perjuicio económico ocasionado a las familias, este tipo de hechos obliga a movilizar personal capacitado, equipo tecnológico, recursos logísticos y tiempo de investigación que podrían destinarse a la atención de secuestros reales y otros delitos de alta complejidad.
Las conductas constituyen un delito tipificado en el artículo 529 del Código Penal de Honduras (Decreto N. 130-2017), referente a la simulación de infracción inexistente, el cual establece que quien simule ser responsable o víctima de una infracción penal o denuncie un hecho inexistente provocando actuaciones de investigación por parte de las autoridades competentes, podrá ser sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión.
Asimismo, las personas involucradas quedan sujetas al proceso penal correspondiente y, conforme a la legislación vigente, únicamente podrán optar a mecanismos alternos como la suspensión de la persecución penal cuando reúnan los requisitos establecidos por la ley y cumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial, entre ellas el pago de la multa correspondiente a favor de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las autoridades de la DPI hacen un llamado a la ciudadanía a abstenerse de simular secuestros o denunciar hechos delictivos inexistentes, ya que dichas acciones constituyen delito y generan un importante desgaste de recursos humanos, técnicos y logísticos que deben destinarse a la atención de casos reales.
