Tegucigalpa, Honduras.- Dos meses se cumplen hoy, desde que salió a la luz pública el polémico caso de desvío de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y el caso sigue durmiendo el "sueño de los justos".
El 21 de junio recién pasado, en un video difundido en las redes sociales y los medios de comunicación a nivel nacional, se evidenció como funcionarios del gobierno central y diputados, se repartieron millones de lempiras con el argumento de que ese dinero era para entregar ayudas sociales.
En declaraciones vertidas por el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, el 8 de julio del presente año, aseguró: "Nosotros estamos investigando el tema de Sedesol. Desde el día que salió el video, desde ese momento ordené que se subiera una denuncia de oficio".
Tal aseveración del titular del Ministerio Público (MP), hicieron creer a la ciudadanía, que en efecto, la investigación traería implícita la celeridad digna de un caso de la magnitud que se expuso en su momento, por la cantidad de dinero que salió de las arcas del Estado, sin tener un destino y uso claro.
El caso involucra directamente a la diputada de Libre, Isis Cuéllar y al exsecretario de Sedesol, José Carlos Cardona.
No hay voluntad
A criterio de profesionales del derecho, exjueces del Poder Judicial (PJ) y exfiscales del Ministerio Público, ha existido falta de voluntad e imparcialidad; todo esto condicionado por un evidente tinte político.
Para Javier Sandoval, abogado versado en derecho constitucional, lo tardío de las investigaciones se debe a que los involucrados "son personas que están vinculadas al actual gobierno y tenemos un Ministerio Público que es un apéndice del Poder Ejecutivo".
Agregó: "Por los que podemos apreciar y sin necesidad de irnos a un análisis profundo, es que simplemente se va a demorar y se va a entorpecer cualquier tipo de investigación a propósito, porque lo que se busca no es investigar y sancionar, sino, más bien protegerlos".
Similar parecer tiene el abogado y experto en derecho penal, Leonel Núñez, quien consideró que "es extraño que hasta el momento no se haya citado a nadie para que vaya a declarar sobre los hechos; eso sí es preocupante. ¿Qué es lo que esperamos como sociedad? Que en estos próximos días, antes de cumplir tres meses de ocurrido los hechos, estén por lo menos siendo citadas las personas a declarar".
Para Núñez, dentro de las personas que deberían de ser citadas están: los diputados del Congreso Nacional que recibieron esos fondos millonarios y que son afines al actual gobierno. "La Ley Orgánica del Ministerio Público establece tiempos y momentos de la investigación, dependiendo también de la Fiscalía que lo lleve; el Ministerio Público debe de citar a estas personas, porque no puede pasar de tres meses", señaló.
Un MP utilizado
De acuerdo con la exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos, la parsimonia del ente acusador del Estado, en investigar este caso de mala utilización de fondos públicos, radica en la instrumentalización de la que ha sido objeto el MP.
"Pienso que el Ministerio Público se ha dejado instrumentalizar por este gobierno. Hemos visto que han tomado acción en otros casos, pero en casos de corrupción de este gobierno no hemos visto accionar al respecto", señaló Nilia Ramos.
Sobre el caso en particular precisó: "Sedesol fue un caso tan evidente, que con el mínimo esfuerzo se puede investigar, puesto de que el video era casi más que claro, el Ministerio Público ha hecho caso omiso habiendo indicios racionales de participación por parte de la gente involucrada: de la diputada Isis Cuellar, del exsecretario (José Cardona) y otros involucrados".
En torno al actuar más reciente del MP, según Ramos "la justicia ha sido selectiva. Se ha visto que el Ministerio Público ha presentado requerimientos fiscales para otras personas, pero no para gente de este gobierno, gente de la que realmente es fácil demostrar su participación".
Sin imparcialidad
Para la exjueza de los Tribunales de Sentencia de Tegucigalpa, Karla Romero, "no se le da celeridad porque en realidad no se han movilizado para conseguir la prueba que pueda establecer e indicar la participación en un acto ilícito, aunque ha sido de conocimiento público".
Ciertos sectores de la sociedad, tras surgir el supuesto acto de corrupción desde el gobierno de Libertad y Refundación (Libre), manifestaron que a las investigaciones no se les daría la diligencia oportuna, por la filiación política del fiscal general con Libre.
Sobre este tópico, Romero, exteriorizó: "Esa es una pregunta que la tiene que contestar el Ministerio Público; el asunto es que no se está actuando de igual forma para todas las denuncias que se gestan al interno del Ministerio Público".
Puntualizó que desde el gobierno se anunció una investigación administrativa ejecutada por la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de Honduras (Stlcch) y "cómo es posible que no se cruce la información cuando ya ha pasado un montón de tiempo", razonó.
Para los entrevistados, después de dos meses, el Ministerio Público debió haber pedido y revisado las cuentas bancarias a las que se acreditaron los cheques que fueron emitidos por Sedesol para los diputados -en su mayoría de Libre- cuáles fueron las personas que los cambiaron y así poder vincular e identificar a las personas que se beneficiaron.
EL HERALDO trató de conocer detalles de avances en las investigacio nes, sin embargo, Yuri Mora, vocero del Ministerio Público, no respondió las llamadas.
