Tegucigalpa, Honduras.- Un Juez de Letras Penal dictó auto de formal procesamiento contra Manuel de Jesús Zelaya Amaya, exdirector de Educación de Francisco Morazán, por suponerlo responsable del delito de prevaricato administrativo, en perjuicio de la Administración Pública.
La resolución judicial se emitió luego de las investigaciones que acusan a Zelaya por presuntas irregularidades en un proceso de concurso docente desarrollado en 2024.
Según la defensa del Ministerio Público, en marzo de 2024 una maestra de educación media en Ciencias Naturales participó en el concurso docente para optar al cargo de Subdirectora de Educación Media.
La docente obtuvo una calificación de 83%, con la que ocupó la posición número seis del listado general correspondiente al area concursada.
Luego de recibir la constancia emitida por la Junta Departamental de Selección de Francisco Morazán, fue convocada para participar en la audiencia pública del 20 de agosto de 2024, donde solicitaría ser asignada a una de las vacantes disponibles para el cargo al que había concursado y aprobado.
No obstante, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos sostiene que posteriormente esa plaza fue asignada a otra persona que había obtenido una calificación de 82%.
Es decir, el director de Educación en Francisco Morazán habría emitido tres resoluciones consideradas arbitrarias, mediante las cuales nombró de forma interina a otra persona para ocupar el cargo.
Medida
Con el Auto de Formal Procesamiento, el funcionario continuará enfrentando el proceso penal mientras cumple con medidas sustitutivas impuestas por la autoridad judicial.
La acusación señala que los hechos están relacionados con decisiones administrativas adoptadas durante un proceso de selección docente, en el que una participante había obtenido una posición dentro del listado general del concurso.
Entre las medidas impuestas se encuentran la prohibición de salir del país y la obligación de firmar periódicamente en la Secretaría del Juzgado.
El prevaricato administrativo ocurre cuando una autoridad usa sus funciones para emitir una resolución o tomar una medida que podría ser considerada injusta o contraria a lo establecido por las reglas administrativas.
