Los tribunales dictaron cinco medidas cautelares sustitutivas a la prisión contra dos altos funcionarios de la Secretaría de Educación, por la venta de plazas.
El caso refiere a la acusación que interpuso la Fiscalía contra la Corrupción en contra de José Antonio Medina Díaz, quien fue suspendido del cargo de director general de Educación; y contra Luis Orlando Murillo Mejía, director departamental de Intibucá.
La Fiscalía los acusa de suponerlos responsables del delito de cohecho, al solicitar y recibir soborno a cambio de nombrar a dos maestras.
Según la investigación, las profesoras Perla Jasmine Flores Vásquez y Elba Patricia Rivera Flores pagaron 85,000 y 70,000, respectivamente, a cambio de obtener una plaza de docente en el sistema educativo público, que al final no obtuvieron.
Se había solicitado librar orden de captura, pero ambos se presentaron voluntariamente al Juzgado Penal Seccional de Intibucá, informó la fiscal anticorrupción Gladys Palencia.
En su comparecencia se celebró la audiencia de declaración de imputado, en la cual el juez les dictó cinco medidas sustitutivas.
Estas son: someter a los imputados al cuidado o vigilancia de una persona, presentación periódica al juzgado, prohibirles salir del país, prohibir concurrir a determinadas reuniones o lugares (no impuesta a Murillo) y depositar una fianza de 70,000 lempiras, cada uno.
Se señaló para el 14 de junio la celebración de la audiencia inicial. La fiscal aseguró que aportarán las evidencias suficientes para que el Juzgado dicte el auto de prisión contra los dos acusados.
