Vacías lucirán mañana las aulas de clases al confirmarse ayer otro paro de labores en el sistema educativo que vuelve a poner en evidencia la incapacidad del gobierno para poner orden y castigar a los profesores que con frecuencia arrebatan el pan del saber a niños y jóvenes.
Los maestros fueron llamados a
suspender las clases
el lunes a nivel nacional ante un supuesto incumplimiento en el pago de salarios a educadores que aún la Secretaría de Educación ni siquiera sabe si han cumplido o no sus obligaciones en los centros educativos.
Según los dirigentes, el gobierno se había comprometido a hacer efectivo el pago de salarios retrasados el pasado 20 de mayo, pero dichos pagos no fueron cancelados porque aún se trabaja –de acuerdo al gobierno– en la verificación de los casos ante el desastre que impera al interior de la Secretaría de Educación.
Lo más preocupante es que ayer las autoridades en vez de exigir a los docentes que se presenten a las aulas de clases y que cumplan su contrato de trabajo, apenas señalaron que existen intereses políticos detrás de la anunciada paralización y que no habrá deducciones a docentes, sino extensión del año escolar.
“El gran problema que tenemos en el sector educativo es una mezcla entre el gremialismo y lo político, no quisiera decirlo, pero creo que esta es la realidad de lo que verdaderamente está sucediendo en estos momentos”, aseveró el ministro de Educación, Marlon Escoto.
“Se han olvidado de ser docentes y han mezclado la política y el gremialismo como base fundamental; han olvidado la figura de que el docente es el que tiene la responsabilidad de formar en las aulas al niño y al joven para la sociedad”, subrayó Escoto, quien en su momento acompañó las protestas callejeras tanto de maestros como de trabajadores a favor de Manuel Zelaya.
Sin pago
Los docentes aseguran que hay más de 10 mil educadores que no reciben salario desde hace uno, dos y hasta tres años, hecho que de ser cierto, hasta podría ser considerado para las páginas del libro de Récords Guiness.
“Nosotros tenemos compañeros que tienen años de no recibir el pago de su salario y que han adquirido enormes deudas, que ya no pueden pagar el alquiler, que ya no les dan fiado en las pulperías, entonces lo que pedimos es que se le cumpla a estos compañeros”, sostuvo Edgardo Casaña, presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh).
Casaña no dijo que la mayoría de los casos de maestros que no reciben salario son aquellos que han sido nombrados de manera irregular, pues sin contar con una estructura presupuestaria han sido designados en confabulación con dirigentes magisteriales y autoridades de la Secretaría de Educación.
Algunas docentes, incluso, han tenido que pagar con favores sexuales a dirigentes magisteriales para adquirir una plaza en el sistema educativo o pagar sumas arriba de los 50 mil lempiras para obtener un nombramiento, según consta en denuncias e investigaciones en poder del Ministerio Público (MP), del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y de la propia Secretaría de Educación.
Los maestros también anunciaron que paralizarán las clases por estar en contra de la nueva Ley de Inprema y en contra de la nueva Ley General de Educación, ambas orientadas a erradicar la anarquía que durante años ha imperado al interior del sistema educativo.
Sobre este particular, el secretario de Educación dijo no entender la postura del gremio magisterial, pues sostuvo que el gobierno está a la espera de que los dirigentes presenten sus propuestas sobre ambas iniciativas para, de ser necesario, promover las reformas que se consideren pertinentes.
El secretario de Educación manifestó que aunque los docentes paralicen sus labores el lunes nada cambiará, pues antes de efectuar cualquier pago se verificará si en realidad cada docente ha cumplido con sus labores en su respectivo centro educativo.
Escoto aseguró que los 200 días de clases se cumplirán aunque se tenga que prolongar el año escolar después del proceso de elecciones primarias programadas para noviembre próximo.
De paralizar sus labores los 60 mil maestros que se supone laboran en el sistema educativo, más de dos millones de alumnos se verán afectados a nivel nacional.