La Comisión Interventora del Ministerio Público
anunció el jueves que dentro de diez días comenzarán a aplicar las pruebas de confianza a los fiscales y, a más tardar el 17 de mayo, presentarán el primer informe al Congreso Nacional de los avances de su gestión.
En una conferencia de prensa, los miembros de la Interventora aseguraron haber tenido un primer contacto con el suspendido fiscal Luis Alberto Rubí, quien se mostró anuente a cooperar, con quien se reunirán este viernes para recibir información de primera mano y de inmediato asumir el Ministerio Público.
María Antonia Navarro, coordinadora de la comisión, junto con los otros integrantes propietarios, Lino Tomás Mendoza y Miriam Guzmán y Ángela Madrid, suplente, se reunieron por varias horas con los miembros de la comisión especial del Congreso y representantes de la cooperación internacional.
En esa cita se les hizo entrega de los distintos informes que revelan la situación del Ministerio Público, los que servirán de base para su trabajo, según dijeron.
A la vez enviaron un mensaje a la Asociación de Fiscales, en el sentido de que no tienen nada que temer respecto a la estabilidad laboral. Las remociones dependerán de la evaluación que se haga en estos dos meses, dijo Lino Tomás Mendoza, miembro propietario de la comisión.
“No habrá barrida de personal, sabemos que el país ha invertido muchos recursos en prepararlos, no se tiene la intención de destruir la institución, sino de fortalecerla, esto tiene que verse como una oportunidad para que ellos (los fiscales) reciban el apoyo que necesitan para desarrollar bien su trabajo”, afirmó la comisionada Estela Guzmán.
Por su lado, Navarro informó que ya se tiene contacto con asesores internacionales para recibir insumos de buenas prácticas internacionales en el tema de la Fiscalía para iniciar su trabajo inmediatamente.
Salarios
Indicó que tanto ella como las abogadas Guzmán y Madrid solicitaron un permiso para ausentarse de sus cargos en la universidad, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Procuraduría de la República, respectivamente, por el tiempo que establece el decreto de intervención.
“En cuanto a nuestro salario, hemos decidido que será el mismo que recibimos en las instituciones donde hemos venido trabajando, ya que hemos pedido permiso sin goce de sueldo para dedicarnos de lleno a esta labor”, afirmó la comisionada Navarro.
En el caso de Lino Tomás Mendoza, que se dedica al ejercicio privado de su profesión, explicó que será promediado conforme al sueldo que devengan el resto de miembros de la comisión.
Navarro expuso que los salarios saldrán del presupuesto de 2.5 millones de lempiras que les asignó el Congreso y que los gastos que resulten del proceso de intervención serán auditados por el Tribunal Superior de Cuentas, de manera que el pueblo hondureño no debe temer que esos recursos serán desviados para otros propósitos.
La comisión interventora del Ministerio Público (MP) comenzará su trabajo de evaluación y depuración ante la oposición de diversos sectores que califican de inconstitucional la suspensión del fiscal general y del fiscal adjunto.
La sede del MP en la capital de Honduras se encontraba resguardada por elementos de la Policía Nacional desde tempranas horas, en espera de la llegada de los miembros de la comisión que fue juramentada la noche del miércoles por el Congreso Nacional.
A una serie de preguntas, los interventores garantizaron que trabajarán incluso los fines de semana para cumplir la tarea que se les ha asignado.
“La sociedad hondureña demanda resultados prácticos y en este caso, de resultados a corto plazo... Vamos a tener resultados y al cabo de estos dos meses, la sociedad en general va a poder sacar conclusiones si efectivamente nuestro trabajo fue juzgado o no y a la larga, el resultado va a ser satisfactorio”, dijo Guzmán.
“Esperamos a 60 días tener más de 60 o 70 por ciento de lo que se nos ha encomendado, si no el 100 por ciento”, expresó Guzmán, aunque no descartó una ampliación al período de intervención-
Además, aseguró que las acciones se enmarcarán en la legalidad y que estas podrían incluir la reubicación de fiscales de acuerdo a su experiencia y formación académica.
Prioridades
Para los comisionados, son ocho los puntos que establece el decreto a los cuales darán prioridad, como ser el diagnóstico integral de la institución, la evaluación y depuración de todas las estructuras, a través de la aplicación de las pruebas de confianza.
También está la reordenación de las direcciones, fiscalías especiales, fiscalías regionales y departamentales y otras estructuras para lograr la efectividad a corto y largo plazo; otra prioridad es investigar de oficio o por denuncia todo acto realizado por cualquier miembro del MP y proceder de conformidad.
Destruir al MP
Por su parte, el asesor legal de Fiscalía General, Rigoberto Espinal Irías, denunció que se pretende destruir al MP.
“Lo que yo he visto en los últimos días es la búsqueda de ponerle fin a la única institución que ha sido creada para mantener el orden jurídico constitucional en Honduras y perseguir los delitos complejos, la criminalidad organizada y los delitos en que pudieran incurrir los altos funcionarios”, afirmó.
Para el caso recordó que no se ha querido dotar al MP de su cuerpo de investigación. Paradójicamente, a inicios de este gobierno y cuando asumió el cargo Luis Rubí, el Congreso Nacional derogó el decreto que le daba vida a una agencia de investigación adscrita al MP. Ahora, el mismo Poder Legislativo le exige cuentas a Rubí y lo cuestiona por pobres resultados en la investigación criminal.
Reafirmo que el decreto 59-2013 claramente violenta la Constitución de la República. En tal sentido, dijo que el MP debe interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el referido decreto. “La verdadera democracia es el gobierno de las leyes, donde el derecho termina comienza la tiranía, pongámosle ojo porque hay dictadores, hay tiranos que siempre se han proclamado como salvadores de una nación y que están cumpliendo un misión divina y que para ellos el derecho no existe”, dijo Espinal Irías, quien pidió al CN hacer las cosas con base en la ley y tomar en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la CIDH.
Buscan impunidad para el siguiente gobierno
La impunidad en el país continuará por cinco años más porque el Congreso Nacional nombrará un fiscal general a fin a sus intereses, dijo el candidato presidencial del Partido Anticorrupción (Pac), Salvador Nasralla.
“Una cosa es que el fiscal pudo haber actuado mal o que dejó de actuar y otra cosa es intentar lo que realmente tienen por detrás, que es nombrar a un fiscal en este período para que dure cinco años más, con el cual tendríamos impunidad en el siguiente gobierno”, dijo el presentador de televisión.
Pidió a la sociedad civil evitar que continúen ocurriendo estas arbitrariedades en el país.
“Nosotros como sociedad civil debemos reclamar por eso, sobre todo si se pretende elegir en este gobierno corrupto a un nuevo fiscal que se quede por cinco años más, eso no lo vamos a permitir.
Lo quieren elegir ahora con esa Comisión Interventora, ese es un atentado contra la democracia”.
¿Quiénes son los comisionados titulares?
María Antonia Navarro (Coordinadora)
Tiene 23 años de ser catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y actualmente es la directora del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (Curla).
Fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y directora del posgrado de Derechos Humanos y Desarrollo en el alma máter.
Fungió además como secretaria del Consejo Universitario y fue asesora del Congreso Nacional cuando Juan Orlando Hernández era secretario de ese poder del Estado. En ese entonces el Poder Legislativo lo presidía el actual gobernante Porfirio Lobo Sosa.
Lino Tomás Mendoza
Es abogado de profesión, originario de San Marcos de Colón, Choluteca. Siempre ha estado vinculado al Partido Liberal. Durante la campaña política de cara a las elecciones generales de 2005 fue candidato a diputado por Francisco Morazán y fue protagonista de la original campaña del “Combo del Chorizo”, que consistía en hacer chorizos en plena vía pública, que luego -junto a los también candidatos Jack Arévalo Fuentes y Mauricio Mendoza- donaban a los transeúntes. No lograron ser diputados.
Antes había sido aspirante a alcalde capitalino por la corriente de Jaime Rosenthal, pero fue desestimado por este, que prefirió consignar en su corriente a José Azcona h. Durante el gobierno de Manuel Zelaya fue director de Udeco.
Miriam Gusmán
Es licenciada en ciencias jurídicas y sociales. Fue analista jurídica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (2000-2002).
Fue gerente de Recursos Humanos de la Cancillería (2002-2005), durante la gestión del excanciller Guillermo Pérez Cadalso, en el gobierno del expresidente Ricardo Maduro.
Fue directora de la Oficina de Registro de la UNAH, (2003-2005), gerente de Recursos Humanos (2005-2009) y consultora externa responsable del reclutamiento, selección y contratación del personal del Fondo Global (2008). Entre el 2009 y 2012 fue asistente legal de la UNAH.
Actualmente se desempeñaba como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y fue designada por el presidente Porfirio Lobo en la Comisión para el Análisis y Control de las Exoneraciones.
