Tegucigalpa, Honduras.-Este jueves, el empresario estadounidense Murray Paul Farmer, quien es uno de los señalados en el caso de fraude que involucra al diputado nacionalista Nelson Márquez y propietario de la empresa DTC Inc., comunicó a través de un video en YouTube que demandó a Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre.
La acción legal es por motivos personales y acusa a Moncada por los delitos de terrorismo y difamación.
Según el empresario, Moncada orquestó una campaña de odio en su contra, lo que provocó que recibiera amenazas de muerte, insultos racistas y mensajes incitando a su ejecución.
EL HERALDO obtuvo el documento oficial de la demanda que tiene 15 páginas en las que el estadounidense, a través de su abogado, brinda a detalle los motivos de la acción legal.
Según detalla el documento, la demanda es por los delitos de difamación, intervención torticera (intervención ilícita de un tercero en una relación contractual o negocio), daño emocional intencional y terrorismo.
"Esta es una acción civil por daños y perjuicios derivada de la conducta personal e intencional de Rixi Ramona Moncada y altos funcionarios hondureños que utilizaron una conferencia de prensa televisada a nivel nacional para difamar, poner en peligro y obstruir los derechos legales de los Demandantes, el ciudadano estadounidense Murray Paul Farmer y su empresa DRC, Inc.", detalla el documento.
Sigue detallando que Rixi y los demandados "nombraron públicamente y difamaron al Sr. Farmer, lo acusaron de corrupción sin evidencia y prometieron bloquear el pago de una sentencia judicial final a favor de ambos demandantes".
Aseveran que estas acciones, causaron un "daño directo en Alabama y respalda la jurisdicción bajo la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema".
La demanda detalla que Rixi, acusó a Farmer de “abusar del sistema legal,” de “manipulación corrupta de los tribunales” y de “robarle al pueblo de Honduras,” todo sin prueba alguna. Sus palabras fueron calculadas para inflamar la opinión pública en su contra. La transmisión fue difundida inmediatamente por redes sociales, YouTube, Facebook y WhatsApp, y fue vista por la familia, equipo legal y socios comerciales del Demandante en Mobile, Alabama".
Agrega que "Rixi Moncada sabía que el Demandante Farmer era ciudadano estadounidense, residente en Mobile, y que estas acusaciones provocarían indignación y amenazas en su contra".
"De hecho, sus declaraciones resultaron en amenazas directas de violencia, insultos raciales e incitación pública, lo que causó daño reputacional, emocional y financiero en Alabama. Los efectos de su campaña no fueron hipotéticos: aterrizaron de forma deliberada en suelo estadounidense", aseguran.
Los papeles también detallan que uno de los insultos que recibió Farmer, tras las declaraciones de Moncada, era en referencias a William Walker, el filibustero estadounidense ejecutado en Centroamérica.
"'Paul Farmer si no sales de nuestro país en las próximas 24 horas recibirás el tratamiento William Walker', y 'no te vamos a dar ni un centavo, negro. Lárgate de nuestro país o terminarás como el pirata William Walker. Búscalo'. Otros pidieron que Farmer fuera “linchado” o “desaparecido” si volvía a pisar suelo hondureño. Estas declaraciones reflejan un entorno hostil y amenazante incitado directamente por la transmisión de Moncada", dice la demanda.
De igual manera, el apoderado legal de Farmer recuerda que estas acciones se dieron en un contexto de hostilidad entre Honduras y Estados Unidos. "La demandada Moncada, en múltiples discursos e intervenciones públicas, expresó su oposición a la influencia y políticas de EE.UU. En diciembre de 2024, declaró por televisión nacional: 'Fue un ejercicio de soberanía', refiriéndose a su denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos".
Caso por el que acusan al empresario estadounidense Murray Paul Farmer
El demandante se encuentra actualmente acusado en Honduras, luego que el Ministerio Público emitió el 29 de julio un requerimiento fiscal contra varios funcionarios hondureños señalados y el estadounidense por los delitos de fraude y falsificación de documentos, entre otros, para el saqueo de más de tres mil millones de lempiras.
Entre los señalados está el actual diputado por el Partido Nacional y subjefe de bancada, Nelson Márquez, quien fue detenido por la Policía Nacional ese mismo día.
De acuerdo a las investigaciones, en el año 2000, el Estado hondureño otorgó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras y que subcontrató ilegalmente a NAINSA. Años después, ambas empresas presentaron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral sin validez legal, buscando obtener pagos millonarios del Estado mediante un acuerdo confidencial que fingía separación entre ellas.
