Tegucigalpa, Honduras.- La iniciativa de ley denominada Ruta Segura cuenta con un amplio respaldo multipartidario en el Congreso Nacional para reformar el Código Penal, elevando de manera sustancial las penas de cárcel para las personas que conduzcan vehículos bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas.
La propuesta legislativa está orientada a modificar el artículo 323 del Código Penal referente a la conducción temeraria, cuya redacción actual exige requisitos probatorios complejos que impiden a los operadores de justicia la aplicación efectiva de sanciones penales.
La iniciativa fue presentada formalmente en el pleno legislativo y remitida a la Corte Suprema de Justicia para la emisión del dictamen correspondiente, previo a someter el documento a debate en la Cámara Legislativa.
"Ley Ruta Segura surge como una preocupación por las personas que mueren en accidentes de tránsito bajo la conducción de personas que están en estado de ebriedad o bajo el consumo de drogas", manifestó Alex Berríos, diputado del Partido Liberal e impulsor de la iniciativa.
La reforma establece una diferenciación en la escala de castigos penales según la categoría de la unidad de transporte, incrementando las condenas para quienes operan vehículos de carga pesada o transporte público.
Para los conductores de vehículos livianos que den positivo en las pruebas de alcoholemia o drogas, la iniciativa fija una pena de prisión que oscila entre los dos y cinco años, mientras que para los operadores de transporte pesado la sanción penal se situará entre los cinco y diez años de reclusión.
"Lo que estamos haciendo es mejorando la redacción de dicho artículo, reformándolo y también creando una diferenciación entre vehículos livianos y vehículos pesados, así como un aumento de penas", explicó Alex Berríos, diputado impulsor de la reforma.
El congresista enfatizó que la sola certificación de resultado positivo en los exámenes practicados por la Dirección de Medicina Forense constituirá prueba suficiente para iniciar el proceso penal.
"La única evidencia que necesitaría la Policía Nacional y la Fiscalía para procesar a un ciudadano por este delito es una prueba de Medicina Forense en el caso de que dé positivo el examen de sangre", aseveró el legislador Berríos.
La innovación jurídica de la Ley Ruta Segura radica en que la conducción temeraria bajo el efecto de intoxicantes se procesará como un delito autónomo de peligro abstracto, eliminando la exigencia de que ocurra un siniestro vial o el fallecimiento de terceras personas para aplicar la condena criminal.
La normativa busca homologar la legislación nacional con marcos punitivos vigentes en naciones como Alemania, Japón, El Salvador, China y Corea del Sur, donde la portación de sustancias al volante es penalizada de forma inmediata.
"No es necesaria la causa de un accidente, no es necesario que usted mate a una persona con su vehículo; simple y sencillamente con la irresponsabilidad de poner en riesgo la vida de las demás personas manejando en estado de ebriedad o drogas, usted va a ser procesado", argumentó el diputado Berríos.
El proyecto de ley ha sumado el acompañamiento explícito de la junta directiva del Congreso Nacional, mandos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y organizaciones civiles protectoras de víctimas de accidentes de tránsito.
