Impericia
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Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de Honduras declaró en las últimas horas, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 29-2025, un estado de emergencia por 45 días en varios departamentos, con especial atención en el Distrito Central, tras los daños provocados por las recientes lluvias.
La medida incluye a los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira, donde se reportan afectaciones en carreteras, viviendas y sistemas de agua.
Sin embargo, el decreto ha encendido las alarmas en distintos sectores sociales y políticos al autorizar la contratación directa de bienes y servicios para varias secretarías de Estado, lo que permite obviar los procesos de licitación y control que exige la Ley de Contratación del Estado.
Aunque el Ejecutivo sostiene que la decisión busca acelerar las acciones de reconstrucción y atención de emergencias, la medida ocurre en un contexto de alta tensión electoral, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el posible uso discrecional de fondos públicos.
Expertos en transparencia advierten que este tipo de decretos —amparados en emergencias climáticas— suelen abrir espacios a contrataciones sin supervisión ni competencia, especialmente cuando no se establecen límites financieros ni criterios técnicos claros.
La excepcionalidad que permite evadir los procedimientos de licitación y concurso está contemplada en la Ley de Contratación del Estado para atender las necesidades inmediatas que ocasiona un estado de emergencia.
El Decreto PCM 29-2025 autoriza de forma explícita a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a la Secretaría de Infraestructura, al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para realizar contratación directa.
Además, instruye a las demás instituciones del Sistema Nacional de Riesgos (Sinager) a operar bajo la misma modalidad, siempre y cuando cuenten con la instrucción directa de Copeco.
Este amplio margen de acción abre múltiples frentes para la ejecución de contratos millonarios, desde la compra de suministros hasta la ejecución de obras de infraestructura.
Las instituciones que utilicen la modalidad de contratación directa deben presentar un informe ante la Secretaría de Transparencia y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Además, se señala que los contratos suscritos al amparo del decreto estarán sujetos a los procesos de aprobación y auditoría previstos por la ley, y deben ser notificados al TSC.
El decreto, firmado por la presidenta de la República y sus Secretarios de Estado, también contempla la gestión de Asistencia Humanitaria Financiera ante países cooperantes y organismos internacionales, y la movilización de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN).
Esta gestión de fondos, tanto nacionales como externos, debe estar sometida al más estricto rigor de fiscalización desde el primer día.
Hasta ahora, el gobierno no ha detallado los montos que se ejecutarán ni los proyectos específicos que se financiarán bajo este régimen excepcional, lo que aumenta la preocupación ciudadana sobre la rendición de cuentas y el uso de los recursos en plena campaña electoral.
