Tegucigalpa, Honduras.- La amenaza de una severa hambruna y el desabastecimiento de agua en varias regiones de Honduras obligó al Poder Legislativo a declarar una intervención directa.
En una decisión unánime, el pleno de diputados aprobó la realización del "I Congreso por la Seguridad Alimentaria de los Pueblos", un encuentro de emergencia orientado a encarar el impacto devastador que la sequía prolongada genera sobre el territorio nacional.
La iniciativa busca reunir en la sede del Poder Legislativo a las máximas autoridades edilicias de los 75 municipios bajo alerta por el fenómeno climático, junto con secretarías de Estado, comisiones parlamentarias y organismos de cooperación internacional.
"Por unanimidad se ha aprobado una moción del primer Congreso de Seguridad Alimentaria de los Pueblos, presentada por el honorable diputado presidente Tomás Zambrano Molina", expresó Alejandra Burgos, presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria.
El propósito central del encuentro no es únicamente diagnosticar el impacto del fenómeno climatológico, sino estructurar un plan de trabajo vinculante con el gobierno central para reasignar partidas presupuestarias e implementar soluciones concretas a nivel local.
Entre las medidas inmediatas se contempla habilitar a las municipalidades para realizar ajustes financieros expeditos que faciliten la compra de alimentos, perforación de pozos y asistencia a pequeños productores agrícolas golpeados por la pérdida de siembras.
"Estamos en una crisis que puede empeorar y no estamos en el peor momento; esto puede venir en los meses de octubre y de noviembre", afirmó Burgos.
Las proyecciones oficiales advierten que la agudización del déficit de lluvias durante la segunda mitad del año provocará un desabastecimiento agudo de granos básicos en las comunidades del Corredor Seco y zonas productivas vecinas.
Por ello, la estrategia parlamentaria apunta a unir las capacidades presupuestarias y operativas de instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), entre otras.
"Vamos a hacer la hoja de ruta, conocer la problemática global de lo que están padeciendo los municipios y buscar soluciones en conjunto con nuestros alcaldes, pero también de la mano de nuestras secretarías", indicó la presidenta de la comisión.
La convocatoria oficial abarca a 75 municipalidades distribuidas en seis departamentos de las zonas sur, central y occidental de la República.
Estos son los municipios convocados al I Congreso por la Seguridad Alimentaria de los Pueblos:
Choluteca: Apacilagua, Choluteca, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Marcovia, Morolica, Namasigüe, Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, San José, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yusguare.
Francisco Morazán: Alubarén, Cedros, Curarén, Distrito Central, La Libertad, La Venta, Lepaterique, Maraita, Nueva Armenia, Ojojona, Reitoca, Sabanagrande, San Buenaventura, San Ignacio, San Miguelito, Santa Ana, San Antonio de Oriente, San Juan de Flores, Santa Lucía, Talanga, Tatumbla, Valle de Ángeles y Villa de San Francisco.
La Paz: Aguanqueterique, Cane, Cabañas, Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de Oriente, Opatoro, San Antonio del Norte, San Juan y Santa Ana.
Valle: Alianza, Amapala, Aramecina, Caridad, Goascorán, Langue, Nacaome, San Francisco de Coray y San Lorenzo.
El Paraíso: Alauca, Güinope, Liure, Morocelí, Oropolí, Potrerillos, San Antonio de Flores, San Lucas, Soledad, Texiguat, Vado Ancho, Yauyupe y Yuscarán.
Comayagua: Lamaní, San Sebastián, Villa de San Antonio y Humuya.
Frente a la escalada de la contingencia hídrica, el Parlamento sostiene que la falta de respuesta coordinada provocará emergencias humanitarias y desplazamientos masivos hacia los centros urbanos o el exterior del país.
"Necesitamos trabajar como un solo país para darle respuesta a ese pueblo y evitar una catástrofe más grande que podría ser la migración por falta de recursos en el país", enfatizó Burgos.
