Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó el auto de formal procesamiento contra el expresidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), David Chávez, por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
La resolución fue adoptada por unanimidad de votos por los magistrados que conocieron los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la defensa técnica de Chávez.
Según informó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, el tribunal dejó sin efecto la medida ordenada el 28 de mayo de 2025 por el Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.
“La decisión también revocó, por carecer de objeto, los presuntos procesales que sustentaban las medidas cautelares impuestas a Chávez”, aseguró el funcionario.
Sobreseimiento provisional
Tras la decisión, la Fiscalía para el Combate a la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) solicitó un sobreseimiento provisional a favor del imputado, según consta en el planteamiento citado en el caso. Esta figura permitiría al Ministerio Público presentar nuevos elementos de prueba dentro de un plazo máximo de cinco años.
Por su parte, la defensa técnica de David Chávez solicitó un sobreseimiento definitivo, con el objetivo de que la causa penal concluya en esta etapa del proceso.
Las solicitudes se encuentran en deliberación y discusión por parte de la terna de magistrados que conoce el caso, de acuerdo con autoridades del Poder Judicial.
El caso relacionado con el Infop
David Chávez Madison fue imputado en el denominado caso “Licitación Infop”, relacionado con un proceso de contratación realizado cuando se desempeñaba como director de director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
El Ministerio Público sostiene que la institución adjudicó de manera irregular una licitación para la provisión, instalación, configuración y capacitación de equipos, software y servicios destinados a centros de formación, entre ellos el de Catacamas, Olancho, con un monto de contratación que ascendió a 75.8 millones de lempiras.
En el caso de Chávez, el Ministerio Público le atribuyó responsabilidad como autor directo de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
