Tegucigalpa, Honduras.- La defensa del comisionado en condición de retiro de la Policía Nacional, Lorgio Oquelí Mejía, solicitó a la Sala I del Tribunal de Sentencia el desaseguramiento de 17 bienes que permanecen bajo restricción tras el proceso judicial en su contra.
La petición fue presentada luego de que Mejía fuera absuelto de los delitos de lavado de activos, cohecho pasivo y abuso de autoridad el 24 de abril de 2025; no obstante, las medidas de aseguramiento sobre los bienes permanecen vigentes desde 2023.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que la solicitud fue planteada durante una audiencia extraordinaria, "donde los jueces deberán analizar los argumentos de la representación legal de Mejía y determinar si corresponde levantar las restricciones a los bienes".
Según el Ministerio Público, entre el patrimonio de Mejía que continúa bajo medidas de aseguramiento figuran dos viviendas, dos vehículos y 13 cuentas bancarias, según datos del Ministerio Público.
La defensa justificó que la restricción de bienes genera perjuicios para Mejía, especialmente en los trámites que debe realizar ante el Instituto de la Propiedad (IP) e instituciones bancarias del país.
Además, argumentan que el bloqueo limita a Lorgio Mejía de distintos trámites relacionados con los bienes mientras las restricciones continúen vigentes.
Sobre el caso
La acusación de la Fiscalía contra el exfuncionario policial se remontó a octubre de 2018, donde una investigación sobre sus ingresos estableció que no podía justificar más de 17 millones de lempiras correspondientes al período entre 2012 y 2017.
Además, el requerimiento fiscal lo relacionó con una investigación por presuntos cobros de dinero a transportistas que trasladaban ganado en Choluteca; de acuerdo con el Ministerio Público, entre 2012 y 2015, miembros de la Policía asignados a ese departamento solicitaban pagos para permitir el traslado del ganado sin inconvenientes.
La Fiscalía sostuvo que esos cobros se intensificaron cuando Mejía fue nombrado jefe departamental de la Policía en Choluteca y que los pagos se realizaban en efectivo en diferentes puntos de control, entre ellos Pavana, El Triunfo y Namasigüe.
Pese a la solicitud presentada por la defensa, autoridades del Poder Judicial aclararon que el Tribunal de Sentencia aún no ha programado una audiencia para conocer la petición, por lo que los jueces deberán analizar previamente los argumentos legales sobre los bienes asegurados.
