Honduras firmó el tratado de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), pero no la reforma que restringe el derribo de aviones, por lo que puede hacer interdicción de aeronaves como lo estipula la Ley de Protección de Espacios Aéreos.
El acuerdo, conocido como Convenio de Chicago, fue firmado el 7 de diciembre de 1947 y entró en vigencia el 6 de junio de 1953.
La redacción inicial de esta legislación internacional no veta la posibilidad de que un Estado use recursos para el derribo de aviones civiles.
No obstante, en 1983 se firmó el “Protocolo relativo a una enmienda al Convenio de Aviación Civil Internacional”, firmado en Montreal, Canadá, el 10 de mayo de 1984, por medio del cual se introdujo un nuevo artículo, el 3º bis, que limita la posibilidad de destruir un avión civil.
Pero el Estado de Honduras no lo ratificó, razón por la cual no está obligado a cumplirlo.
Según un documento de la Comisión Interinstitucional para la Revisión de la Legislación Nacional en Materia del Narcotráfico, que se disolvió el año pasado, Honduras, no ratificó la modificación.
El ministro de Defensa, Marlon Pascual, expresó su preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos quite la ayuda de radar antidrogas si se aplica esta “ley de derribo”.
Existe un acuerdo entre Honduras y Estados Unidos que establece que no se podrá usar información de radares estadounidenses para detectar aviones que posteriormente sean derribados por las autoridades nacionales.
En ese sentido, para que Honduras ponga en funcionamiento la norma, forzosamente tendrá que hacer uso de sus propios radares especiales y actualmente se encuentra en un proceso de adquisición de tres modelos valorados en 25 millones de dólares.
Los aviones civiles utilizan un dispositivo llamado “transponder”, que emite una señal que es detectada por radares secundarios con los que se regula el tráfico comercial aéreo.
No obstante, a los aviones usados para transportar droga se les desactivan estos sistemas, por lo que solo pueden ser detectados por radares primarios, como los que ha prestado Estados Unidos a Honduras y que ahora el país piensa comprar.
De acuerdo a informes del Departamento de Estado, el 80 por ciento de la droga que se produce en América del Sur y que se traslada a Estados Unidos pasa por Honduras.
El 20 por ciento de todo el tráfico se hace por vía aérea, especialmente sobre Gracias a Dios, Colón y Olancho.
Pasos para el derribo
La Ley de Protección de Espacios Aéreos fue aprobada la semana pasada por iniciativa del diputado Óscar Álvarez, y contempla, como última instancia de un protocolo especial, la autorización para que aviones militares derriben una nave que incursione en espacio aéreo nacional sin autorización y cuyo piloto se niegue aterrizar cuando se le exija. Según esta ley, queda prohibido que un avión sin matrícula y plan de vuelo entre al territorio nacional de seis de la tarde a seis de la mañana.
Cuando una avión entre al territorio hondureño violando estas prohibiciones, se le exigirá por medio de comunicación de radio que se identifique, explique las razones por las cuales ingresó al país y se le designará un punto donde deba aterrizar.
Si el piloto no responde a estas instrucciones, entonces en ministro de Defensa podrá autorizar el levantamiento de aviones militares para que vayan en busca del avión.
Los aviones militares tendrán que colocarse delante del avión civil para hacer maniobras que aseguren que es visto por los pilotos.
Luego, los aviones militares harán otras maniobras para asegurarse de que el aviador de la otra nave los ha visto y se le indicará que aterrice.
Si estas medidas no dan resultados, se procederá a realizar disparos de advertencia para que la nave aterrice y, si esto no resulta, el ministro de Defensa podrá dar la orden para su derribo.
En caso de que se trate de un avión que por razones de emergencia entre a Honduras, las autoridades deberán prestarle la colaboración para que pueda descender, según el convenio de la OACI.
