Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Educación del Congreso Nacional (CN) revisa una iniciativa de ley sobre derechos parentales que busca definir el alcance legal de la participación de madres y padres en la formación educativa de sus hijos dentro y fuera del sistema escolar.
El anteproyecto fue presentado por Tomás Zambrano, presidente del Poder Legislativo, es parte de las acciones que el movimiento Por Nuestros Hijos y plantea reconocer el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas.
El proyecto centra su contenido en el reconocimiento del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas.
Este derecho podrá ejercerse en todos los ámbitos educativos, incluyendo centros públicos, privados, modalidades presenciales o a distancia, sin distinción del tipo de enseñanza.
Uno de los puntos clave de la propuesta es que los padres no solo tendrán participación en la educación de sus hijos, sino también la facultad de influir en los contenidos que reciben.
Lo anterior es con el objetivo de garantizar que estos estén alineados con los valores y principios que se promueven en el núcleo familiar.
Otro aspecto que contiene el anteproyecto es la inclusión del derecho de los padres a decidir sobre la educación sexual de sus hijos, estableciendo que esta debe ser acorde con sus convicciones.
La propuesta señala que ninguna institución o entidad, ya sea pública o privada, podrá interferir o limitar este derecho.
Además establece que la titularidad de estos derechos corresponde de manera conjunta a ambos padres, siempre que compartan la patria potestad, permitiendo que las decisiones se tomen de común acuerdo o, en su defecto, por uno de ellos con el consentimiento del otro.
El proyecto contempla escenarios en los que los padres no estén presentes o no ejerzan la patria potestad. En estos casos, los derechos parentales podrán ser asumidos por tutores legales o representantes designados, garantizando que los menores siempre cuenten con una figura responsable de su orientación educativa.
La propuesta de ley es acompañada por las iglesias católica y evangélica, que apoyan la iniciativa para asegurar que los padres tengan el derecho de involucrarse en la formación de sus hijos.