Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional respaldará el paquete de reformas y herramientas jurídicas acordadas durante el reciente Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), con el compromiso de dotar a los operadores de justicia de los insumos presupuestarios, logísticos y normativos para contrarrestar a las estructuras del crimen organizado en el territorio nacional.
La estrategia interinstitucional surge tras la aplicación de las modificaciones al Código Penal aprobadas meses atrás, mediante las cuales se facultó al máximo órgano de seguridad del Estado para catalogar formalmente como organizaciones terroristas a aquellas estructuras criminales que amedrentan, extorsionan y atentan contra la vida de la ciudadanía.
Durante la última convocatoria del CNDS, las autoridades formalizaron la declaratoria de amenaza terrorista para tres estructuras delictivas de alto impacto que operan en el país.
"Hay una voluntad política de todas las instituciones de seguridad de buscar luchar contra la criminalidad y nosotros desde el Congreso estamos para respaldar estas decisiones en tema de leyes, en temas de presupuesto y en acciones que soliciten", expresó el presidnete del Poder Legislativo, Tomás Zambrano.
La recategorización jurídica de estas estructuras delictivas otorga una facultad operativa ampliada a los entes de seguridad nacional, debido a que los delitos atribuidos a estos grupos pasan a ser calificados bajo la figura legal de flagrancia permanente, habilitando a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para ejecutar capturas inmediatas e intervenciones sin limitación temporal.
Dentro de las medidas acordadas, Zambrano confirmó la recepción de un proyecto de ley este lunes -21 de septiembre- enfocado en endurecer las condiciones de internamiento en el sistema penitenciario nacional, particularmente sobre los privados de libertad considerados de alta peligrosidad o vinculados a estas agrupaciones catalogadas como terroristas.
La iniciativa estipula la instauración de un régimen estricto y especial de comunicaciones para cortar de manera radical las órdenes delictivas que se emiten desde el interior de los reclusorios, limitando los encuentros presenciales y el acceso abierto a visitas familiares, amistades o representación legal de los reos peligrosos.
Asimismo, la modificación legal contempla que todos los imputados por delitos ligados a la criminalidad organizada y declarados bajo la figura de terrorismo sean trasladados e ingresados de manera directa a los módulos de máxima seguridad, independientemente de si cuentan con una sentencia condenatoria firme o si únicamente se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
"En la actualidad en los módulos de máxima seguridad únicamente guardan prisión los que tienen sentencia condenatoria. Con esta reforma todos los grupos de criminalidad organizada que estén detenidos bajo esta figura de grupos terroristas, aunque no tengan sentencia condenatoria y solo estén con prisión preventiva, van a pasar a los módulos de máxima seguridad", manifestó Zambrano.
Además, el CNDS procedió al nombramiento oficial del coronel Julio Alberto Ruiz Cerrato como director y coordinador general de la recién reglamentada Agencia Nacional Contra el Crimen, organismo interinstitucional encargado de articular la inteligencia, la investigación y la operatividad entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia.
Paralelamente, las autoridades acordaron la creación de un circuito judicial especializado en materia de terrorismo, con el propósito de nombrar jueces con jurisdicción nacional, magistrados de cortes de apelaciones y fiscales especiales que conozcan exclusivamente estos expedientes complejos, garantizándoles esquemas de protección y seguridad de alto nivel por parte del Estado.
"La gente quiere seguridad y desde el gobierno y el Congreso vamos a darle las herramientas a los operadores de justicia, pero vamos a vigilar y supervisar que estas reformas den resultados. Vamos a exigir cuentas y van a tener que estar rindiendo informes periódicamente", argumentó el titular del Legislativo.
Para la ejecución de este plan integral, la Secretaría de Finanzas recibió la instrucción de disponer de las partidas presupuestarias necesarias para la adquisición de armas, chalecos antibalas, vehículos, tecnología de vigilancia y drones, al tiempo que se autorizó el reclutamiento, certificación y despliegue masivo de nuevos elementos para la Policía Militar del Orden Público y las unidades especiales de la Policía Nacional en barrios y colonias conflictivas.
Para expertos en temas de seguridad, estas acciones son bien vistas, ya que muestran las voluntad de los diferentes actores del Estado en iniciar una luchar frontal contra la delincuencia que tiene de rodillas a la ciudadanía.
Pero más de dotar del equipo y herramientas legales, lo que se necesita es tener mayor cobertura territorial con agentes de policía, jueces y fiscales que puedan para hacer las diligencias de forma rápida.
