Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) calificó como un esquema de “fraude y estafa colectiva” el caso de Koriun Inversiones y exigió al Estado actuar con firmeza, transparencia y dentro del marco legal para deducir responsabilidades penales y civiles.
Además, advirtió que el uso de recursos públicos para resarcir a las víctimas de este esquema ilegal sería inconstitucional, inmoral y sentaría un precedente peligroso.
La organización cúpula del sector privado fue contundente: no respalda a ninguna empresa o persona natural que opere fuera de la ley y cause daño a terceros, y dejó claro su desacuerdo con cualquier intento de legalizar el uso de fondos estatales para resolver un conflicto entre particulares.
“El caso Koriun es un esquema de fraude y estafa colectiva. El Estado debió intervenir, desde el primer momento, aplicar la ley y asegurar la devolución del dinero a quienes actuaron de buena fe”, señaló el Cohep en un comunicado oficial.
Rechazo a propuesta de ley
La organización empresarial mostró su preocupación ante propuestas legislativas que buscan destinar recursos del Estado para atender el caso particular de Koriun. Consideró que esa medida violaría principios constitucionales y sentaría un precedente negativo.
“Aprobar una ley para beneficiar un caso particular contraviene los principios de legalidad, igualdad ante la ley y uso responsable de los recursos públicos. No existe fundamento jurídico para esa iniciativa”, advirtió el Cohep, citando el artículo 356 de la Constitución.
Este artículo establece que el Estado solo garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales conforme a la ley, y que cualquier acto contrario generará responsabilidades civiles, penales y administrativas para los infractores.
El Cohep exigió al Ministerio Público actuar de forma diligente para investigar a fondo el caso y deducir las responsabilidades penales correspondientes a todos los involucrados. También reclamó mayor claridad y transparencia por parte de las instituciones estatales, criticando la falta de comunicación oficial sobre el tema.
“La actuación institucional ha sido deficiente, generando más dudas que certezas. Es urgente que las investigaciones avancen y se castigue a los responsables conforme a las leyes”, indicó la cúpula empresarial.
Asimismo, recordó que el marco legal hondureño ya cuenta con normativas suficientes para abordar el caso, entre ellas el Código de Comercio, el Código Penal, la Ley del Sistema Financiero, la Ley Especial contra el Lavado de Activos y la Ley de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
Advertencia a la población
El Cohep también exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar por organizaciones que no están registradas ni reguladas por las autoridades correspondientes, y que prometen altos rendimientos sin respaldo legal.
“Invitamos al pueblo hondureño a no dejarse sorprender por ofertas engañosas, tasas de retorno insostenibles y trampas disfrazadas de inversión, que se aprovechan de la confianza de la gente”, concluye el comunicado.
Finalmente, la organización manifestó su solidaridad con los afectados, pero insistió en que cualquier solución debe surgir dentro del respeto al Estado de derecho y sin comprometer recursos públicos.
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