Aunque el propio artífice de las “ciudades modelo” en Honduras,
Paul Romer,
asegura que en el proceso hay importantes faltas de transparencia, las autoridades del Congreso Nacional se llamaron ayer al silencio.
El único que estuvo dispuesto a hablar fue Ebal Díaz, pero éste advirtió que es un simple asesor legislativo, incapaz de hablar con propiedad sobre las demandas de Romer, en virtud de que no es parte del gobierno.
Romer y cuatro personalidades fueron nombrados en diciembre de 2011 como miembros de la Comisión de Transparencia.
Sin embargo, por decisiones del Poder Ejecutivo que aún son desconocidas para la población, estos miembros no pudieron tomar posesión producto de una jugada política que implicó no publicar sus nombramientos en el diario oficial La Gaceta.
La falta de transparencia con que se ha manejado este proyecto desde el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, a través de Coalianza, ha conducido a diferentes organizaciones a interponer decenas de recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Y es que, pese a que el proyecto implica asuntos de soberanía, territorio y forma de gobierno, tanto el Legislativo como el Ejecutivo manejan la información como “secreto de estado”.
Para el caso, la Carta de Entendimiento que Coalianza firmó con MKG Groups el pasado 3 de septiembre contiene aspectos de inversión y posibles acuerdos que son desconocidos para la población.
Los alcances de este acuerdo fueron solicitados por Romer, como presidente de la Comisión de Transparencia, pero la misma le fue denegada.
Cuatro días después, Romer envía una carta al presidente Porfirio Lobo, con copia a Juan Orlando Hernández, en la que advierte que sus nombramientos no se concretaron y por tanto se desligan del proyecto y deja entrever que no hay transparencia en el proceso.
Irregularidades
El 14 de septiembre, es decir, 11 días después de firmado el acuerdo, EL HERALDO revela en exclusiva que la empresa MKG Groups no existe ni se conocen antecedentes en grandes proyectos de infraestructura.
El mismo día que trasciende la investigación, un ejecutivo de Coalianza se limita a revelar una página web en la que estos inversionistas se hacen llamar Grupo MGK y advierten no tener relación con ninguna empresa que tenga igual o similar nombre.
Y es que EL HERALDO había revelado que en el mundo solo había dos empresas MKG,
una dedicada a elaborar informes analíticos de turismo en Europa y otra, de origen estadounidense, involucrada en un multimillonario escándalo por estafa al fondo de pensiones de la empresa petrolera de Venezuela PDVSA.
En los días subsiguientes, EL HERALDO revela que Michael Strong,
el principal ejecutivo de MKG, es un idealista, fundador de una línea de pensamiento conocida como FLOW.
Junto a Strong, se revela que hay un grupo de empresarios conocidos como “libertarios”, que creen en “ciudades libres” o “micronaciones”, donde consideran que los estados son un obstáculo para el desarrollo de estas comunidades.
Romer, en entrevista a EL HERALDO y La Prensa, afirma desconocer los alcances de este acuerdo y va más allá al afirmar que esto significó “una desviación de las normas de transparencia”.
“Fue también una desviación de la función para la Comisión de Transparencia indicado en el Estatuto Constitucional aprobado por el Congreso de Honduras”.
Romer deja entrever que hubo una deliberada intención de nombrarlos como miembros de la Comisión de Transparencia (para dar legitimidad al proceso) pero el mismo gobierno obstruye el proceso al no publicar sus nombramientos en La Gaceta.
“La posición actual de la administración es que debido a que el decreto nunca fue publicado, la Comisión de Transparencia no existe en los ojos de la ley y los cinco miembros nombrados no tienen ninguna base legal para la revisión de los acuerdos”, dijo Romer.
En ese sentido, Romer sí advierte que, según la ley, esta Comisión de Transparencia es la que debía dar toda la información necesaria para evaluar “cualquier propuesta RED”.
Asimismo, alerta que si no hay una comisión en funciones, el Congreso Nacional, que preside Juan Orlando Hernández, “es la única protección que queda para la integridad del proceso”.
A su juicio, sin la Comisión, el Congreso Nacional puede aprobar los límites para una RED propuestos por la administración (Coalianza), pero advierte que aunque esto parezca un detalle menor, bajo el Estatuto Constitucional tiene “importantes consecuencias jurídicas”.
Romer hizo énfasis en que el proceso actual tiene importantes fallas de transparencia, al extremo que ni a ellos, como personajes de reconocida trayectoria mundial y garantes del proceso, les ha informado el gobierno las razones que tuvo para no dejarlos tomar posesión.
“Varias explicaciones se han ofrecido, pero no puedo estar seguro de por qué el decreto nombrando a los miembros de la comisión nunca fue publicado en La Gaceta. Tampoco puedo estar seguro de por qué el gobierno no dio a conocer su decisión de no publicar el decreto. Cualesquiera que sean las razones detrás de estas decisiones, el resultado fue un fracaso importante de la transparencia”, dice Romer.
Dejó entrever que el gobierno sí sacó provecho a los elevados perfiles que avalaban el proyecto original. “La percepción pública es que la Comisión de Transparencia estuvo en funcionamiento y aseguró que las decisiones se estuvieron realizando de una manera transparente.
Esto dio una falsa impresión acerca de los pesos y contrapesos y el escrutinio que estaría operando con la primer RED en entrar en existencia”.
Romer concluye afirmando que, por encima de cualquier acuerdo con el gobierno de Honduras, estuvo el compromiso con los ciudadanos de Honduras.
“Me comprometí que iba a trabajar para su beneficio y hacerlo transparente. Esto significa que en un momento como este, tengo que estar dispuesto a decir honestamente lo que es (la) verdad y aceptar las consecuencias”.
Las funciones
De acuerdo al estatuto constitutivo de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), esta Comisión de Transparencia tendría la delicada responsabilidad de nombrar y sustituir los gobernadores de estas regiones.
Pero, además de esta trascendental responsabilidad, estos comisionados tendrían la autoridad para nombrar y remover a los miembros de la
Comisión de Auditoría, así como nombrar una comisión ad hoc que elaboraría un listado de personas recomendadas para ocupar el cargo de magistrados o jueces de las RED.
En otras palabras, bajo este esquema de “ciudades modelo”, los miembros de la Comisión de Transparencia tendrían la autoridad suficiente para definir las formas y esquemas de gobierno dentro de las regiones seleccionadas.
Según el informe presentado por Coalianza el pasado 13 de septiembre en el Congreso Nacional, lo que se busca es un régimen especial innovador mediante el otorgamiento de un “alto nivel de autonomía” a ciertas regiones del país para generar desarrollo sustentable.
