La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes cualquier acción coercitiva de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante la participación de sus ciudadanos ante el organismo.
La presidenta de la comisión, la estadounidense Dinah Shelton, hizo referencia a la decisión de algunos hondureños de no acudir a las audiencias de la CIDH en Washington por temor a represalias.
Es 'absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano', indicó Shelton en rueda de prensa.
En iguales términos se refirió a las acusaciones del gobierno de República Dominicana contra una persona que denunció atropellos contra dominicanos de ascendencia haitiana.
Durante este año, la CIDH ha ventilado en su interior denuncias sobre el asesinato de personas transgénero y de discriminación, de parte de la comunidad lésbica, gay, transgénero y bisexual de Honduras.
Asimismo, ha recibido a los jueces destituidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la crisis política y a representantes de organizaciones civiles de los derechos humanos.
El caso de Ecuador
La CIDH fustigó al Estado ecuatoriano por descalificar a activistas que denunciaron acoso y procesos contra periodistas la semana pasada ante el ente de la OEA.
Shelton destacó la 'gravedad' de unos mensajes oficiales emitidos en cadenas de radio y televisión en Ecuador 'claramente descalificatorias' contra las personas que hicieron sus denuncias durante las audiencias públicas de la CIDH.
La relatora para la libertad de expresión de la Comisión, Catalina Botero, indicó que se le solicitó información al gobierno ecuatoriano sobre los mensajes en los cuales 'se estigmatiza' a los denunciantes, y que Quito tiene una semana para responder.
La Comisión precisa información sobre 'cuál es la finalidad de la cadena (emisora), por qué se hace una cadena de esa naturaleza, (...) si había verificado la información que se publica, si la emisión de este tipo de cadenas es compatible con normas y la constitución ecuatorianas', dijo Botero.
Además, indicó que la intención de la solicitud es abrir un 'diálogo' con el gobierno de Rafael Correa.
La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS) y varios periodistas denunciaron el 25 de octubre la proliferación de procesos judiciales en su contra, en medio de una 'sistemática política de acoso' contra le prensa.
El caso más emblemático es el del diario El Universo, del que tres directivos y un ex editor de opinión fueron condenados a tres años de cárcel y a pagar 40 millones de dólares en una demanda por injurias calumniosas planteada por el presidente Correa.
