Tegucigalpa, Honduras.- Con 60 agresiones contra la libertad de expresión documentadas por C-Libre entre enero y junio de 2026, Honduras enfrenta un entorno adverso para el ejercicio periodístico, según advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el informe sobre el país presentado durante su 82 Asamblea General.
Según la SIP, en Honduras persisten las amenazas a la libertad de prensa. Los periodistas se enfrentan a agresiones, hostigamiento, estigmatización, ataques digitales y elevados niveles de impunidad, de acuerdo con el informe sobre el país presentado en la asamblea, celebrada en Bogotá, Colombia.
En el informe se detalla que los riesgos son elevados para los periodistas y medios de comunicación que investigan presuntos actos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico y otros asuntos de especial sensibilidad política.
La SIP destacó en informe del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) en donde documentaron 60 agresiones contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública durante el primer semestre de 2026.
El informe también recoge cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que indican que durante 2025 se atendieron 208 quejas relacionadas con presuntas violaciones a las libertades de pensamiento y expresión.
Caso de Roosevelt Hernández, bajo la lupa
Entre los casos destacados en el informe de la SIP figura el proceso judicial contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, investigado por presuntos delitos relacionados con ataques a la libertad de prensa.
En julio de 2026, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el exjerarca militar, a raíz de publicaciones y señalamientos difundidos por un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas, en los que se calificaba a tres periodistas como “sicarios de la verdad”.
Según la investigación fiscal reseñada por la SIP, esos contenidos y otros señalamientos habrían contribuido a estigmatizar a comunicadores y a afectar el ejercicio de la libertad de prensa.
En el informe, la SIP identifica a los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra, Dagoberto Rodríguez y José Adán López como denunciantes en el caso.
El 1 de septiembre de 2026, una jueza dictó auto de formal procesamiento contra Hernández y le impuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Posteriormente, la defensa apeló la resolución el 4 de septiembre y solicitó el sobreseimiento definitivo. Al momento de la elaboración del informe de la SIP, el caso permanecía pendiente de una decisión de la Corte de Apelaciones.
Hernández ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que las publicaciones cuestionadas estaban amparadas por la libertad de expresión.
Honduras ocupó el puesto 16 entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas 2025, con 35.64 puntos sobre 100, dentro de la categoría de “alta restricción”.
La SIP destacó que Honduras permanece en esa categoría desde 2023, lo que refleja las dificultades estructurales que enfrenta el ejercicio de las libertades informativas.
A esta situación se suman las agresiones registradas durante el proceso electoral de 2025. C-Libre documentó 50 alertas de agresiones con motivación política durante la etapa preelectoral, la jornada de votación y los dos meses posteriores, con actores estatales y políticos entre los presuntos responsables.
La impunidad continúa siendo uno de los principales flagelos que enfrentan los periodistas hondureños. De acuerdo con cifras del Conadeh citadas en el informe, 103 personas vinculadas a medios de comunicación murieron de manera violenta entre 2001 y 2026. El 88 % de esos casos permanece impune y solo el 12 % ha derivado en sentencias condenatorias.
El informe también documenta ataques digitales contra medios independientes. Entre los casos mencionados figuran denuncias de Contracorriente, que reportó 32 investigaciones afectadas por reclamaciones de presuntas infracciones de derechos de autor en tres días, y de Criterio.hn, que informó sobre la eliminación de al menos 14 publicaciones en Instagram tras reclamos similares.
La 82.ª Asamblea General de la SIP condenó los actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, reclamó investigaciones independientes y efectivas y exhortó a los gobiernos a abstenerse de estigmatizar, descalificar o intimidar a quienes ejercen el periodismo.
La SIP también exigió garantías efectivas para el acceso a la información pública, rechazó el uso de mecanismos judiciales, administrativos o legislativos para criminalizar o intimidar a periodistas y defendió la protección de las fuentes informativas.
