Justicia sin privilegios

Esa es la demanda que hacen los periodistas que denunciaron al exjefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, en el Ministerio Público por ataques contra la libertad de expresión. La acusación está relacionada con publicaciones difundidas en 2025 desde el medio digital institucional de las Fuerzas Armadas, particularmente una de mayo de 2025 titulada “Sicarios de la verdad”, que señalaba a varios periodistas, entre ellos los afectados y denunciantes Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López. Hernández, desde su alto cargo, también impulsó acciones y campañas de hostigamiento para obligar a medios de comunicación y periodistas a revelar sus fuentes informativas, en una acción inédita y única en el país, solo avalada por el poder que le daba el cargo que ostentaba. Rodeado de un imponente resguardo militar y policial, el exjerarca militar compareció el pasado 19 de agosto de 2026 a la audiencia de declaración de imputado en la que el juez competente le impuso medidas distintas de la prisión preventiva y fijó la audiencia inicial para el 1 de septiembre de 2026.

Esta es la primera vez en el país que un exjefe militar de su rango comparece a un tribunal de justicia para responder por acciones atentatorias contra los derechos humanos, y en este caso de un derecho inalienable como el derecho de expresión e información de una sociedad.

De ahí la importancia de que se garantice un juicio sin privilegios de ningún tipo para un hombre que, cobijado en el poder que le daba su alto cargo, usó los medios estatales a su disposición para llamar “sicarios de la verdad” a periodistas que, haciendo uso de su derecho de información y expresión, cuestionaron actuaciones de su gestión. La libertad de expresión es la premisa fundamental en donde descansan los derechos universales y debe ser protegida de quienes, haciendo uso de su poder y envestidos de autoridad, buscan limitarla, intimidar e impedir el ejercicio de ese derecho.