Tegucigalpa, Honduras.- Una investigación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) documentó un perjuicio de L32.5 millones al Estado. La operación se realizó mediante 13 exhortos atribuidos al Juzgado de Letras de Choluteca.
Los exhortos son comunicaciones judiciales mediante las cuales un juez solicita a otro órgano jurisdiccional realizar una diligencia dentro de un proceso. Este mecanismo permite efectuar actuaciones fuera de la jurisdicción del juzgado que lleva el caso.
Los documentos fueron presentados ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán. Con ellos se tramitaron embargos relacionados con supuestas demandas laborales contra la Alcaldía de Choluteca.
Seleccione cada etapa para reconstruir el recorrido descrito por la investigación.
El TSC encontró que seis números de expedientes correspondían en realidad a demandas contra empresas privadas. Otros seis no existían en los registros del juzgado de Choluteca.
También se detectó un expediente auténtico cuyos datos fueron modificados. Los cambios alcanzaron información relacionada con los demandantes, el abogado y la cantidad reclamada.
El TSC identificó tres patrones entre los expedientes utilizados. Seleccione una categoría para explorar las diferencias.
Según el informe, seis números correspondían a procesos relacionados con empresas privadas. En los exhortos fueron modificadas las partes procesales para presentar a la Alcaldía de Choluteca como demandada.
El expediente 0601-2025-00012 existía, pero el exhorto consignaba demandantes, representación legal y cuantía diferentes a las registradas originalmente.
Embargo ejecutado: L2,823,606El Juzgado de Letras de Choluteca certificó que seis números utilizados en los exhortos no correspondían a demandas laborales registradas.
Embargos: L16,713,674Los L32.5 millones salieron de la Cuenta Única del Estado en el Banco Central de Honduras (BCH). Los recursos fueron trasladados a una cuenta judicial y posteriormente se emitieron cheques de caja vinculados con los 13 embargos.
El informe también identificó fallas en los controles para comprobar la autenticidad de los documentos. El caso fue remitido al fiscal general para que el Ministerio Público determine las investigaciones y acciones legales correspondientes.
La investigación reconstruyó el movimiento de los fondos una vez ejecutadas las órdenes de embargo.
Qué detectó el control posterior: el Juzgado de Letras de Choluteca desconoció la emisión, firmas, sellos y actuaciones correspondientes a los documentos examinados.
Fuente: investigación especial No. 002-2026-DGSD-CSJ-C del Tribunal Superior de Cuentas.
