Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó este jueves 31 de julio la captura del ex subgerente del Fondo Vial, José Efraín Peñalva Lizardo, señalado por presuntas irregularidades y delitos ligados a la gestión de fondos públicos.
De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público (MP), el requerimiento fiscal presentado por la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO), Peñalva Lizardo está implicado en delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
En la investigación se identificó a 12 personas vinculadas, entre ellos funcionarios del Fondo Vial y representantes legales de empresas privadas que supuestamente defraudaron al Estado por más de 34 millones de lempiras.
Entre los acusados se encuentran Hugo Alfredo Ardón Soriano y Devis Leonel Rivera Maradiaga, de "Los Cachiros", este último condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Las investigaciones revelan que los funcionarios del Fondo Vial y particulares autorizaron, adjudicaron y firmaron contratos fraudulentos con las empresas Inmobiliaria Rivera Maradiaga (INRIMAR), propiedad de Los Cachiros, y Empresa Técnica de Ingeniería S.A. de C.V. (TECNISA).
Anomalías
Según el informe del Ministerio Público, entre las irregularidades destacan, "falsificación de firmas durante el proceso de licitación, sobrevaloración de precios, pagos ilegales, uso de materiales de baja calidad y omisiones graves en la supervisión de la obra, sin que se realizan medidas correctivas".
El documento también refiere que gracias a pericias de extracción de información se conoció que Edgardo Pérez Martínez, representante de INRIMAR, gestionó pagos irregulares y bonos en favor de funcionarios que facilitaron procesos y adjudicaciones ilegales.
"Una de las beneficiadas por agilizar los procesos y adjudicaciones ilegales figura una actual diputada suplente del Congreso Nacional", reza parte del documento.
Las irregularidades también incluyen el uso de materiales de baja calidad y sobrecostos que afectaron directamente el presupuesto destinado a la conservación de las carreteras en la región.
Por ahora, las autoridades continúan con las indagaciones de este caso de corrupción y fraude millonario.
