Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes se presentó a una audiencia de descargo el juez Plinio Consuegra, quien llevó el expediente de la audiencia inicial en contra de general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez y otros dos exjerarcas militares acusados por asesinato contra el hondureño Isy Obed Murillo.
Consuegra fue el juez asignado para llevar la audiencia Vásquez Velásquez, así como también la de Roberto Puerto Fúnez (excomandante del Comando de Operaciones Especiales) y Venancio Cervantes (ex subjefe del Estado Mayor Conjunto).
Consuegra es denunciado por cometer presuntas irregularidades en esta etapa procesal penal. No obstante, desde el pasado 4 de abril el togado sostiene que el despido ordenado por la supervisora de tribunales, Sandra Rodríguez, está incurriendo en prevaricato.
"Ni siquiera está respetando la escala. Lo primero que debe hacerse es un llamado a atención. Después, debería de ser un llamado a atención por escrito. Después, un llamado de atención de manera a través de una multa y por último el régimen de despido. No ha habido ninguna escala", declaró Consuegra.
Cabe recordar que Consuegra decretó un auto de formal procesamiento contra los tres exjefes militares con la medida de arresto domiciliario por los delitos de homicidio y homicidio asegurado en ejecución de tentativa
No obstante, la Corte de Apelaciones revocó esta medida cautelar y ordenó que los tres debían ser remitidos a la Penitenciaría Nacional de Támara en Francisco Morazán bajo prisión preventiva, siendo recalificados los delitos por asesinato contra Isy Obed Murillo asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra Alex Roberto Zavala en las protestas contra el golpe de Estado en 2009.
Sobre su decisión por la cual decretó arresto domiciliario contra las exautoridades castrenses, Consuegra explicó que "el último razonamiento del juez debe ser la cárcel. ¿Por qué?, porque a todo ciudadano en este país se le presume inocente mientras no haya una prueba contundente que determine si son responsables o no de un hecho criminal, no se les puede suponer como responsables de un hecho".
Asimismo, cuestionó porque de todos los expedientes judiciales que él lleva, únicamente el que tiene que ver con Vásquez Velásquez es denunciado. "Mi pregunta es, ¿por qué en los otros expedientes no hay denuncias oficiosas para determinar si efectivamente hay un acto contrario a la administración de justicia", indicó.
Además, reveló que personas llegaban a pedir la copia del expediente, quienes argumentaban que tenían órdenes por parte de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando. No obstante, Consuegra enfatizó que jamás recibió algún documento que le dictara remitir el expediente, recordando a su vez que este es público.
"Algunos aparentemente dijeron y manifestaron que eran por órdenes de la señora presidenta que lo hacía. En ningún momento yo escuché a la señora presidenta pronunciarse al respecto", destacó.
Romeo Vásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, es el único de los tres acusados que aún permanece prófugo. La Policía Nacional ofrece una recompensa de dos millones de lempiras a cambio de información que ayude a dar con su paradero.
Vásquez Velásquez ha afirmado que teme por su vida en caso de regresar a la cárcel de Támara ubicada en el valle de Amarateca (Francisco Morazán), asegurando que existe un plan para quitarle la vida dentro de la penitenciaría.
