Tegucigalpa, Honduras.- Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advirtió que la violencia contra niños, niñas y adolescentes continúa representando uno de los principales desafíos de seguridad y justicia en Honduras.
En una conferencia de prensa realizada por el Comité Interorganizacional contra el Abuso Sexual Infantil, Castañeda señaló que uno de los aspectos más preocupantes es la persistencia de la impunidad en diferentes fenómenos criminales y, particularmente, la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes frente al abuso sexual, el reclutamiento por estructuras criminales.
Asimismo, alertó sobre la denominada “cifra oscura” de estos delitos, debido a que muchas víctimas no denuncian ni revelan lo ocurrido, lo que dificulta conocer la verdadera dimensión de la problemática.
De acuerdo con Castañeda, aproximadamente dos de cada tres mujeres que sufrieron violencia sexual durante su niñez nunca contaron lo ocurrido a otra persona, debido, entre otros factores, a la falta de educación y sensibilización dentro de las familias y a la percepción de que no existe una respuesta estatal eficiente.
A partir de las estimaciones derivadas de los datos disponibles, Castañeda sostuvo que Honduras podría estar enfrentando alrededor de 1,208 casos de abuso sexual infantil al año, equivalentes a aproximadamente 57 casos diarios, una situación que calificó como "una emergencia que debe ser atendida de manera integral".
“Los niños y niñas siguen sufriendo a diario y las instituciones no están respondiendo”, cuestionó el directivo, al señalar que algunas entidades estatales continúan concentradas en procesos administrativos, como contratación o despido de personal, en lugar de priorizar los problemas más graves que enfrenta el país.
Cifras
Castañeda indicó que entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 74 muertes violentas de menores de 18 años, con una mayor afectación entre adolescentes de 16 y 17 años.
Ante este panorama, la ASJ insistió en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección, investigación y persecución penal, además de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de responder a la violencia que afecta a la niñez y adolescencia en Honduras.
