TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Abandonada luce el área de monitoreo de las cámaras de vigilancia del 911 a nivel nacional. Este apagón que comenzó desde abril de 2022 ha ocasionado que no exista registro en video de los hechos delictivos que suceden a diario en el país.
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Según expertos en materia penal, el hecho de que no estén funcionando las cámaras beneficia al crimen organizado, ya que las grabaciones de los hechos servían como evidencia contra los grupos delictivos en los tribunales de justicia.
Cabe destacar este proyecto fue puesto en marcha en los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa y Juan orlando Hernández, quienes en 12 años pagaron alrededor de 7,162 millones de lempiras por el sistema de vigilancia, a través de 3,265 cámaras que ahora en su mayoría están fuera de servicio.
Esto afecta a los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes reportan que, en promedio, a diario en unas 20 investigaciones se requieren los videos de las cámaras.
Y también a los cuerpos policiales de investigación quienes hacían uso de las grabaciones para resolver todo tipo de ilícitos.
El abogado y comisario de policía retirado, Nery Ordoñez, reveló que “se instaló un programa, pero solo un 30% de las cámaras están funcionando, y el restante 70% está inactivo”.
Además, añadió que “son 16 ciudades que eran monitoreadas por cámaras del 911. Las cámaras que están trabajando a cuentagotas son las de Tegucigalpa y San Pedro Sula y el resto están sin funcionar”.
Esto provoca que los agentes de investigación recurran a cámaras que se encuentran instaladas en casas y negocios particulares para intentar resolver sus casos.
