Tegucigalpa, Honduras.- La seguridad jurídica en el campo hondureño ha pasado a ser una prioridad de seguridad nacional para el Congreso Nacional.
Tras identificar que las invasiones de tierras han dejado de ser conflictos agrarios tradicionales para convertirse en operaciones de bandas organizadas, la Comisión de Seguridad analiza declarar a estos grupos como organizaciones terroristas.
Según informes de inteligencia, existen entre 35 y 40 estructuras criminales que operan en el país, cuyo objetivo no es la tenencia de la tierra para el cultivo, sino el robo de productos agrícolas y la utilización de predios para actividades ilícitas.
Este fenómeno genera pérdidas superiores a los 250 millones de lempiras anuales en inversiones, provocando un impacto directo en la economía nacional, la generación de empleo y la confianza de la agroindustria.
Ante este escenario, el Legislativo prepara un informe exhaustivo que será presentado en junio, con el fin de establecer castigos severos que diferencien claramente la necesidad del campesino hondureño del accionar violento de las mafias rurales.
"Somos claros y contundentes que tenemos que hacer algo para darle prioridad a la seguridad jurídica; es necesario hacer reformas que brinden certeza y motivación para invertir en Honduras", manifestó Marcos Paz, diputado y presidente de la Comisión de Seguridad.
El análisis legislativo subraya una distinción crítica que la persecución no está dirigida al sector campesino que históricamente ha luchado por el acceso a la tierra, sino a las bandas que los utilizan como fachada.
Estas estructuras son señaladas de invadir fincas productivas para saquear cosechas y venderlas ilegalmente a empresas locales, destruyendo el tejido productivo de varias zonas del país.
"Lo importante es castigar a las estructuras criminales que utilizan a los campesinos para robarse el producto de las empresas, lo que desmotiva a quienes quieren invertir en la agroindustria", aclaró Paz.
La próxima semana, la Comisión de Seguridad iniciará una ronda de reuniones con el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para definir los alcances penales de esta nueva clasificación.
La meta es dotar al Estado de herramientas que permitan capturar y procesar a los cabecillas de estas 40 organizaciones bajo leyes antiterroristas, dada la magnitud del daño económico y social que provocan.
